Una operación de la magnitud que plantea la unión de Caixabank y Bankia tiene muchas derivadas. Las dos entidades financiaron en 2014, junto con el Banco Santander, el cierre del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Castellón, después de que una serie de seísmos causaran una gran alarma social en la zona. Aportaron 1.350 millones de euros. Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. A cambio, iban a cobrar un interés del 4,3% durante 30 años. El plan saltó por los aires en diciembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el decreto del cierre de la instalación y dejó en el aire los pagos del Estado a la banca. Las entidades recurrieron y el caso se verá en el Supremo a mediados de octubre . La fusión de dos de las tres entidades involucradas en el caso puede influir para acabar con el pleito.
El Supremo tiene previsto fallar sobre el caso el 13 de octubre, según confirman fuentes al tanto del proceso. El alto tribunal pospuso las deliberaciones que estaban previstas en febrero. Las fuentes bancarias consultadas sostienen que, sin conocer el sentido de la decisión del Supremo, es difícil valorar cómo puede afectar al caso la fusión anunciada. Pero admiten que es un elemento de peso en el final de la historia. Al fin y al cabo, el pleito afecta al Estado, que tendrá una participación del 15% en la nueva entidad bancaria si la operación llega a puerto.
La pelea legal dura ya más de dos años. Bankia, Santander y Caixabank la iniciaron en abril de 2018 con la presentación de una reclamación "ante el Estado legislador" en la que sostenían que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley que cerró la instalación gasista no debía ocasionar "ninguna pérdida" a quien había financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
Silencio administrativo
Seis meses después, y ante el silencio de la Administración -primero del Ejecutivo del PP y luego del Gobierno de Sánchez- los bancos tocaron la puerta del Supremo con otra demanda para reclamar los 1.350 millones de euros que habían adelantado para que el Estado indemnizara a los promotores del Castor -ACS y el grupo canadiense Dundee- tras la paralización del proyecto de acuerdo con el polémico contrato firmado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.
En el plano legal, los bancos han cuestionado desde el principio el "silencio administrativo negativo" de la Administración, un principio recogido en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. La norma prevé la interpretación negativa de la falta de respuesta de la Administración en varios casos, entre ellos, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Los bancos han encontrado apoyo en sus demandas al margen de los tribunales. Hace un año, el Consejo de Estado aprobó por mayoría cinco dictámenes sobre el caso en los que instó al Gobierno a resolver "con premura" las reclamaciones de las entidades. El órgano consultivo instaba al Gobierno para actuar con rapidez para "evitar perjuicios económicos al Estado" por la prolongación del caso. Demorar más la solución, sostenían los dictámenes, obligaría al pago de intereses y podría provocar, sostiene, "otros eventuales efectos indeseables".
Advertencias del Consejo
Frente a las demandas de los bancos y a las advertencias del Consejo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aplicado la misma estrategia que ya utilizó el Gobierno del PP después de que el Tribunal Constitucional tumbara el decreto de indemnización: silencio administrativo y a esperar a que se pronuncien los jueces.
A un paso del fin del caso, los 1.350 millones del litigio con la banca penden como una espada de Damocles sobre el bolsillo de los usuarios. No será una novedad. En el BOE -órdenes de peajes- se recoge con detalle cómo una gestión del sistema gasista discutible desde hace más de una década ha afectado al bolsillo de los ciudadanos. La lista es amplia: el fracasado almacén de gas Castor; la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia, y la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón).
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