Nueva Rumasa emitió pagarés tras una consulta a Garrigues que no lo aconsejó

  • Nueva Rumasa emitió pagarés corporativos tras realizar una consulta al despacho de abogados Garrigues, quien en una nota aseguraba que era viable para acciones y participaciones, pero no citaba expresamente los pagarés, según ha declarado el economista de este grupo, Manuel Sánchez Marín.

Madrid, 1 mar.- Nueva Rumasa emitió pagarés corporativos tras realizar una consulta al despacho de abogados Garrigues, quien en una nota aseguraba que era viable para acciones y participaciones, pero no citaba expresamente los pagarés, según ha declarado el economista de este grupo, Manuel Sánchez Marín.

En su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, Sánchez Marín ha detallado que él acudió a Garrigues junto con el que fuera abogado de la familia durante más de 27 años y que ahora se ha querellado contra miembros de la misma, Joaquín Yvancos, para realizar una consulta sobre la viabilidad de las emisiones de pagarés que posteriormente realizó el grupo.

Según han indicado fuentes jurídicas, Sánchez Marín ha afirmado que tras la respuesta de Garrigues, José María Ruiz-Mateos hijo tomó la decisión de realizar la emisión de pagarés porque creían que este tipo de emisiones también estaba incluido en la respuesta del despacho de abogados.

Ha añadido, además, que aunque Garrigues no citaba a los pagarés en su respuesta, posteriormente se le pidió al despacho que se pronunciara sobre si también estarían incluidos.

Según ha señalado, Garrigues le contestó afirmativamente por correo electrónico, un mensaje que ahora la Fiscalía le ha pedido que aporte en el plazo de cinco días para respaldar esa afirmación.

La primera respuesta de Garrigues que se ha leído en la sala estaba remitida a Manuel Sánchez Marín a la dirección de Pablo Iglesias (Madrid), desde donde Nueva Rumasa captaba a inversores para las participaciones corporativas anunciadas en televisión.

Las mismas fuentes han detallado que, en su declaración, Sánchez Marín ha explicado que estaba jubilado desde 2003 y que desde su despacho no se realizaba ninguna captación de inversores de las emisiones de pagarés anunciadas en televisión.

Ha precisado que desde esta oficina en Madrid, a la que él acudía de vez en cuando, se realizaban las gestiones de cobro y pago de préstamos que particulares daban a empresas de Nueva Rumasa y que se les devolvían con pagarés con intereses, pero que no eran los pagarés corporativos que se anunciaron en televisión, según fuentes jurídicas.

Sánchez Marín, defendido por Miguel Bajo, ha señalado que no conoce el volumen de particulares que han prestado dinero a las empresas de Nueva Rumasa, ni el importe de lo entregado.

Las mismas fuentes han detallado que entre algunas de las cuestiones que le han preguntado figuraba el motivo por el que se emitieron pagarés corporativos y no se acudieron a otras fórmulas de financiación como préstamos bancarios o ampliaciones de capital.

Manuel Sánchez Marín ha resaltado que todas las negociaciones, acuerdos y condiciones de los préstamos de los particulares se negociaban en Somosaguas, según fuentes jurídicas.

También ha detallado que desde su oficina se llevaba también el control y la contabilidad de las sociedades tenedoras de bienes de los hijos.

El despacho de Sánchez Marín era, según recoge el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de las declaraciones de distintos testigos, uno de los lugares en los que se captaba dinero que no pasaba por la Hacienda Pública y cuyo destino se desconoce, ya que no se ingresaba en Bardajera.

Sin embargo, Sánchez Marín ha negado en todo momento durante su declaración que desde su oficina se captara dinero opaco a Hacienda.

Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, junto a los 337 millones de euros captados a 4.110 inversores identificados, ha aparecido información que han aportado testigos que revelan un listado de 176 inversores que habrían entregado dinero en efectivo o en "B", y por lo tanto no declaradas debidamente, ante la Hacienda Pública, por 146,63 millones.

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