Adif ya sabe qué despacho le asesorará en la macrocausa del cártel del AVE. El gestor ferroviario ha seleccionado al bufete de abogados Ontier, quien llevará a cabo esta misión en los próximos meses y quien ha tenido que esperar a un largo plazo de análisis de cinco meses. El bufete internacional se ha llevado un pleno de adjudicaciones, al imponerse a más de siete rivales distintos, como el de Roca Junyent o el despacho del exministro socialista Caamaño, entre otros, en los diferentes lotes en los que la empresa pública había dividido las tareas de su defensa jurídica.
De acuerdo a la documentación consultada, Ontier se ha adjudicado estos servicios tras ofertar algo más de dos millones de euros para su servicio de asesoramiento por un plazo estipulado de cinco años. El despacho trabajará de manera simultánea frente a los tres cárteles detectados en 2019 por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Esta organización se repartía los contratos de los sistemas de electrificación de las líneas ferroviarias de alta velocidad, las de tren convencional y el mantenimiento de equipos.
Con esta resolución, Ontier se impone a ocho rivales que habían pujado por estos contratos millonarios. La participación se había articulado con candidaturas en solitario y también en alianzas en forma de UTE. En la puja continuaban el bufete Romero Rey, de dos abogados de Estado en excedencia que dan nombre la despacho (Manuel Ángel Romero Rey y Ernesto Benito Sancho), quien ha estado muy cerca de llevarse el gato al agua. Peor suerte ha tenido CCS Abogados, despacho del exministro socialista Francisco Caamaño Domínguez, que ha quedado excluido.
La adjudicación a Ontier pone fin a más de cinco meses de análisis. Adif ya tuvo que realizar distintas cribas durante la primera mitad de año. La primera que quedó fuera fue Broseta, en febrero, mientras que más tarde, a principios de marzo, la compañía presidida por Maria Luisa Domínguez dejó fuera a otros cuatro pretendientes: Vaciero, Cremades & Calvo Sotelo, Lébeq y Cueto. Todos ellos se postularon a los tres lotes, pero no superaron en ningún caso el umbral mínimo de puntuación establecido en los pliegos de Adif.
La tercera gran sanción
El cártel del AVE acarreó una de las mayores sanciones económicas por parte de la CNMC. La sanción fue de 118 millones y sigue siendo a día de hoy la tercera de mayor cuantía impuesta por el organismo regulador en toda su historia. Solo le supera la que recibió el cártel de fabricantes de automóviles, en 2015, y la que recientemente han encajado este 2022 las grandes constructoras españolas, con una multa récord de 200 millones de euros.
Aunque hasta ahora se desconoce el importe que reclamará Adif, sí se tiene claro que la cuantía irá ligada a los daños y perjuicios ocasionados en sus cuentas durante el periodo que duró este cártel. Competencia fijó en su informe que las malas praxis de estas empresas se extendió durante 14 años y afectaron a proyectos licitados por aproximadamente 1.000 millones de euros. Entre las empresas señaladas están Cobra, entonces propiedad de ACS y actualmente de la francesa Vincci, Elecnor y Siemens.
Toda esta investigación nació del chivatazo de uno de los grandes fabricantes de trenes, Alstom, quien también fue sancionado por estar implicada. No obstante, pudo beneficiarse al acogerse al Programa Clemencia, habilitado por el regulador para aflorar prácticas competitivas en distintos sectores económicos. Las solicitudes de clemencia han dado pie a desmantelar un total de 31 cárteles desde enero de 2010, según datos de la propia CNMC.
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