IFM está decidido a entrar en Naturgy sea cual sea el resultado de la oferta pública de adquisición (opa). Inicialmente, el fondo dirigió su ofensiva sobre un máximo del 22,69% de la compañía y un mínimo del 17% que, meses más tarde, rebajó al 10%. La aspiración original de IFM obligó a Moncloa a tomar partido e imponer una serie de condiciones a la operación. Pero la ofensiva de CriteriaCaixa, primer accionista de la compañía, y la posición del consejo y los directivos del grupo energético que, al igual que los principales accionistas de la gasista -CVC, GIP y Sonatrach-, han manifestado su intención de no acudir a la opa, han llevado a IFM a reconsiderar los términos de su aterrizaje en Naturgy.
Sobre la mesa del fondo de pensiones cabe ahora la posibilidad de seguir adelante con la opa sea cual sea el porcentaje de éxito de la oferta, cuyo plazo de aceptación concluyó el pasado viernes, según coinciden varias fuentes financieras consultadas por La Información. Una de cal y una de arena. Si el resultado de la transacción limita el peso de IFM en el capital de la gasista a una participación inferior al 10%, el fondo australiano quedaría fuera del control del Gobierno, gozando de libertad total para decidir el sentido de su voto en cuestiones clave como la venta de activos o la exclusión de Bolsa del grupo energético.
IFM deberá conformarse con una participación más cercana a la parte baja de la horquilla. La oferta de IFM logrará una aceptación del entorno del 15%, según calculan fuentes cercanas a la operación. El fondo australiano se quedará lejos del 22,7% por el que el Gobierno puso a trabajar a tres ministerios -Asuntos Económicos, Industria y Transición Ecológica-, cuyo análisis allanó el camino al plácet del Ejecutivo. De cumplirse la previsión del mercado, eso significará que ni siquiera la amenaza de una suspensión del dividendo, con la que IFM ha tratado de empujar a vender a los accionistas minoritarios, habría bastado para arrastrar a la opa a una parte del free float suficiente como para garantizar al fondo australiano dos asientos en el consejo de la gasista.
Tal era el deseo inicial del fondo, que apoyaron CVC (20,6%) y GIP (20,7%) pero que el brazo inversor de La Caixa (26,5%) rechazó tajantemente. Ahora el empeño de IFM por lograr dos de los doce asientos del máximo órgano de control interno de Naturgy ha pasado a un segundo plano. Siles deslizó hace unos días que la firma buscará una participación proporcional, es decir, si como presagian en el entorno de la operación el resultado de la opa queda por debajo del 16,5%, IFM estaría renunciando a buena parte de la capacidad de gestión que aspiraba a desarrollar en el grupo energético. En la recta final de la operación, IFM ha movido ficha para flexibilizar la hoja de condiciones que impuso el Consejo de Ministros para dar su luz verde a la transacción.
El fondo ha mantenido contactos con el equipo de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con el objetivo de que la vicepresidenta primera del Gobierno respalde una eventual venta de activos de la gasista tras la opa, una de las líneas rojas que impuso el Ejecutivo para conceder su plácet a la ofensiva de la firma australiana, como adelantó este medio. Si la oferta de IFM queda por debajo del 10%, el blindaje del Ejecutivo quedará sin efecto. La entrada de IFM en Naturgy en tales circunstancias resucita, además, la amenaza de una acción concertada entre el australiano y los fondos CVC y GIP, que aún podrían sumar una mayoría orientada a la máxima rentabilidad.
La opción de que IFM entre en Naturgy tras sortear el 'escudo' de Moncloa aviva la amenaza de una acción concertada entre el fondo australiano, CVC y GIP
El paquete de condiciones que el Ejecutivo impuso al fondo de pensiones australiano se asienta sobre el decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la pandemia, que entró en vigor el 30 de marzo de 2020. La norma incluía el conocido como 'escudo antiopas' que avaló al Consejo de Ministros para aprobar o dinamitar cualquier oferta de un inversor extranjero que suponga tomar más de un 10% de una empresa estratégica. La medida se ideó para proteger a las cotizadas españolas de asaltos oportunistas, en un momento de caídas generalizadas en el Ibex 35 a consecuencia de la crisis sanitaria.
El fallo del Gobierno sobre el futuro de Naturgy se dilató hasta el 3 de agosto, apurando los seis meses de plazo que le concede la ley. La propia Calviño lideró la decisión de dar luz verde a la opa con condiciones, tras ponderar el revulsivo que una operación de tal calado puede suponer para la entrada de la inversión extranjera en nuestro país en un momento clave. Sin embargo, el empeño del Ejecutivo en blindar la integridad de Naturgy durante los próximos cinco años, periodo de vigencia de la mayoría de sus imposiciones al fondo, podría quedar sin efecto si IFM acaba dando por bueno un resultado más austero de lo que anticipaban las previsiones más pesimistas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios