A solo unos días de agotar el plazo legal de seis meses para pronunciarse, el Gobierno confirmó este martes su apoyo con condiciones a la OPA de IFM sobre Naturgy. Un vistazo a la lista de requisitos que el Ejecutivo ha impuesto al inversor extranjero, confirman que la gran beneficiada de esta decisión dentro del Consejo de Ministros no es otra que la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha aprovechado el asalto de IFM en la empresa estratégica para convertir al fondo de pensiones en el ariete que garantice el apoyo de la compañía que preside Fernando Reynés a su política energética, en plena guerra con las eléctricas por el descontrol de los precios de la luz.
No en vano, fue la propia Ribera quien comunicó la decisión del Gobierno de apoyar la OPA en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, el último antes de las vacaciones estivales del Ejecutivo. El conjunto de exigencias marcadas que en su mayoría estarán vigentes durante el próximo lustro han sido bien recibidas en IFM, según han confirmado desde el fondo a este diario. Son lentejas. Incumplir cualquiera de estas condiciones conllevaría la rescisión inmediata del plácet del Ejecutivo. Cumplirlas todas implica secundar, casi palabra por palabra, la política energética de la ministra.
Muestra de ello es, por ejemplo, la cláusula que obliga a IFM a impulsar con su voto "la inversión de Naturgy en proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado". En la misma línea, el Gobierno vigilará que IFM apoye una política de dividendos "prudente", lo que el Ejecutivo ha traducido como aquella que permita acometer la política de inversión vinculada al giro verde. El Gobierno también exige a IFM votar en contra de cualquier proyecto de exclusión en Bolsa en un plazo de tres años, una cuestión ante la que el propio Reynés se mostró poco concreto la semana pasada, dejando la pelota en el tejado de los accionistas.
Del mismo modo, el fondo deberá mantener "una parte significativa de la plantilla del grupo en España", así como el domicilio social y la gestión de los negocios del grupo en nuestro país. IMF también queda vetado para suscribir cualquier propuesta de venta de activos que amenace el suministro de electricidad y gas natural en territorio nacional, así como aquellas desinversiones que no estén recogidas en el plan estratégico 2021-2025 que Naturgy presentó hace una semana, cuando el Gobierno aún guardaba silencio sobre la opa.
Tras el visto bueno del Gobierno, todo apunta a que IFM se convertirá en un actor de peso en la escena energética nacional. Tanto si el fondo se conforma con el 17% del capital de Naturgy (el mínimo que impuso para seguir adelante con su oferta), como si acaba elevando su posición al entorno del 22,69% que marcó como máximo, el inversor australiano podría hacerse con dos asientos en el consejo, los mismos con los que cuentan los fondos CVC y GIP, con un 20% del grupo cada uno. Salvo cambio de última hora, IFM tendrá mucho que decir sobre el futuro de la energética. Y el Gobierno se ha encargado de escribirle el guion, al menos, para los próximos cinco años.
Entre las condiciones del Gobierno a la opa se cuenta el apoyo de IFM a cualquier inversión de Naturgy vinculada a la transición energética en España durante los próximos cinco años
Ribera suma así un fuerte aliado para la causa de la transición ecológica, después de que las fricciones entre la vicepresidenta tercera y el 'Ibex eléctrico' se hayan agudizado en los últimos meses. Algunas de las medidas que ha impulsado el departamento para aplacar la escalada del recibo de la luz están detrás de esa guerra abierta. Entre ellas, la propuesta para acotar el bautizado como dividendo del carbono, es decir, los ingresos 'extra' que reciben las plantas no emisoras (hidráulica, nuclear y eólica anteriores a 2003) gracias a los elevados precios del CO2.
El anteproyecto de ley de esta última medida anticipaba un 'hachazo' de 1.000 millones anuales sobre el negocio regulado de empresas como Endesa, Iberdrola y Acciona, principales afectadas por este recorte. La noticia derivó en duras críticas por parte de las principales eléctricas del país. En el caso de Iberdrola, su presidente, Ignacio Galán, llegó a acusar a la Hacienda Pública de ser "el gran beneficiario" de la subida del precio de la luz. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el texto definitivo del proyecto de ley que recoge ese 'tijeretazo' a las eléctricas incluyendo algunas variaciones que reducirán el impacto de la medida en las cuentas del sector.
El equipo de Ribera ha rebajado sus previsiones hasta cifrar el 'roto' a las eléctricas en 625 millones de euros al año, frente al impacto anual de 1.000 millones a los que hacía referencia el texto anterior. Además, el Ejecutivo ha decidido acotar las centrales no emisoras afectadas por esta medida a aquellas inauguradas antes de 2003, mientras que el anteproyecto de ley establecía la fecha de referencia en 2005. Independientemente de la reacción de las eléctricas a estas medidas de alivio, los términos en que el Ejecutivo ha avalado la opa de IFM sobre Naturgy permiten suponer que Ribera contará con un nuevo aliado en su cruzada por la transición energética.
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