San José y BBVA, propietarios de Distrito Castellana Norte y promotores de Madrid Nuevo Norte, confían en el consenso político para sacar adelante el proyecto urbanístico más importante de Madrid en las últimas décadas. Sin embargo, también se preparan para lo peor si los cambios políticos que arrojen las elecciones del 26-M se ponen en su contra. Y es que según aseguran fuentes próximas a las firmas afectadas, cualquier modificación del proyecto que se produzca a partir de ahora supondrá, sin ambages, "cargarse el proyecto".
No es una utopía. Por ejemplo, la portavoz socialista, Mercedes González, ya se ha manifestado en esa dirección. Y esta operación urbanística, que ya se alarga durante más de 25 años, no podría sufrir otro revés, ya que, según diferentes fuentes conocedoras del sentir de las empresas implicadas, "no hay ni tiempo ni ganas". Por ahora, sin embargo, la sociedad se limita a afirmar en redes sociales que "lamenta el retraso que se ha producido en el procedimiento administrativo", y que "confía en que los próximos equipos de Gobierno del Ayuntamiento y la Comunidad hagan de la aprobación del proyecto su prioridad, tal y como piden los ciudadanos". Buenas palabras.
De hecho, el proyecto parece que está atado. Así lo confirman fuentes financieras consultadas por este medio al señalar que este retraso no se parece en nada al del año 2015, cuando también se paralizó la operación. Hay que tener en cuenta que, en esta ocasión, cuatro de los cinco partidos políticos principales del consistorio -PP, PSOE, Cs y Más Madrid- están de acuerdo con el proyecto 'definitivo' y que solo la formación que representa Carlos Sánchez Mato, Madrid en Pie Municipalista, quiere que no salga adelante.
En todo caso, los plazos también juegan. Distrito Castellana Norte firmó con Adif una renovación del convenio de cesión de terrenos el pasado mes de diciembre por un plazo de tres años. De no producirse la aprobación y puesta en marcha de Madrid Nuevo Norte en este plazo, "no se sabe si habrá otra prórroga", señalan fuentes financieras.
Para más inri, la participada pública Adif necesita de la consecución de este proyecto, ya que con las cantidades que pueda aportar la promotora por la adquisición de los terrenos se pretende llevar a cabo la tan necesaria reforma de la estación de Chamartín. Esta obra, valorada en 900 millones de euros, ya ha sido lanzada por la gestora ferroviaria con la 'consulta preliminar de mercado' para recabar las aportaciones que quieran realizar arquitectos, urbanistas, ingenieros, consultores, proveedores de servicios de transporte, inmobiliarias, empresas de distribución, hostelería u ocio, vecinos o cualesquiera otros agentes económicos que puedan tener que ver con la reforma de la emblemática estación de tren madrileña, tal y como adelantó este diario.
La posibilidad de la pérdida de esta operación no pasa ni siquiera por la mente de los gestores de la compañía pública ya que, según comentan, ¿quién lo va a pagar si no sale adelante Madrid Nuevo Norte? Por todo ello y pese a las diferentes voces que en plena campaña electoral salen a comentar la posibilidad de introducir cambios en el proyecto ya preaprobado, estos parecen más que descartables por la importancia que ha tomado el asunto a todos los niveles.
La propia alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este proyecto -una vez subsanadas las leves deficiencias que ha encontrado la Comunidad de Madrid en la Declaración Medioambiental- se apruebe en el primer pleno de la nueva legislatura que, según ha calculado, se celebrará en julio. En cambio, y más tras conocerse los últimos datos de las encuestas, no parece que esto pueda ser así, ya que la gobernabilidad de Madrid estaría muy disputada.
Por ello, señalan que el pleno, al tener en cuenta el parón del mes de agosto, podría ya producirse en el mes de septiembre. Pese a todo, si finalmente se aprobase en cualquiera de estas dos fechas no supondría cambios importantes a nivel económico para la sociedad. En cambio, desde hace apenas tres años -tras el último revés del proyecto-, Distrito Castellana Norte se ha visto obligado a ampliar capital en tres ocasiones, la última de ellas de 51 millones de euros, que se destinaron a financiar la operativa de la compañía.
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