Sólo ha pasado una semana desde que el Ejecutivo aprobara en el Consejo de Ministros el Real Decreto para limitar a las licencias de vehículo con conductor (VTC), utilizadas en plataformas como las de Uber y Cabify. Y ya han llegado al mercado secundario de estas autorizaciones los primeros oportunistas, que ya ofrecen precios de derribo ante el riesgo de pérdida de valor en estos cuatro años de periodo de gracia. En Madrid, ya hay ofrecimientos de unos 20.000 euros por cada una. Es menos de la mitad de lo que se ha pagado por estos activos en paquetes de varios cientos en las últimas transacciones que se han cerrado.
El Real Decreto daba un periodo de gracia de cuatro años en los que las licencias VTC podrán operar en el espacio urbano, aunque con algunas limitaciones en horarios u otras condiciones impuestas por los ayuntamientos. Era la manera en la que el Gobierno indemnizaba a los tenedores de estos permisos: pagaba en tiempo y no en dinero. ¿La consecuencia? Estos activos tenderán a devaluarse, si no hay cambios regulatorios y todo sigue el camino marcado.
Uno de los efectos que ha surgido en el mercado es la llegada de algunos oportunistas que buscan aprovecharse de algunos de estos inversores que se planteen deshacerse de estos permisos antes de su pérdida definitiva de valor. Algunos no se esconden. En tablones de anuncios digitales como Milanuncios o Vibbo han surgido durante los últimos días varios anuncios de posibles compradores que ofrecen precios de derribo ante la “inminente caída de precios”. Ofrecen unos 20.000 euros en Madrid, menos de 10.000 en Valencia o 15.000 en Barcelona.
Rentabilización ‘exprés’ en 4 años
El objetivo de todos estos potenciales compradores es sencillo: tratar de rentabilizar al máximo durante estos cuatro años esos permisos. A esos precios se podría devolver la inversión como mucho en la primera mitad de este periodo de gracia. Fuentes del sector estiman que la explotación de un coche con autorización -con dos turnos- supone un rendimiento neto mensual (excluyendo inversión inicial, gastos de personal, combustible o ‘leasing’ de vehículos) que podría oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros, es decir, entre 18.000 y 36.000 anuales.
Pese a estos primeros ofrecimientos oportunistas, la realidad es que las transacciones que se han ido cerrando en las últimas semanas en este mercado secundario no ha variado mucho en el precio. Bien es cierto que no ha habido un gran movimiento de paquetes importantes de licencias, pues estos ya habían sido completados por los principales operadores -Moove Cars, Vector Ronda Teleport, Gesstaxi…). Por ejemplo, muchos ofrecen en estos mismos foros entre 40.000 y 50.000 euros por cada una licencia en Madrid, un precio que se reduce algo en caso de que se vendan en grupo.
Lejos quedan los hasta 80.000 euros a los que algunos de estos 'amos de la VTC' esperaban que llegaran esos precios tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio. Todos estos operadores se enfrentan a un periodo de cierta incertidumbre, con un volumen millonario de activos con un riesgo regulatorio más que evidente. Hay una excepción: los hermanos Ortigüela, fundadores de Ares Capital. A finales del año pasado lograron vender la empresa por más de 140 millones de euros al fondo de inversión King Street Capital. Justo unos meses antes de todo este terremoto.
Mientras todo esto sucede, el Tribunal Supremo ha retomado la actividad tras el parón veraniego. Hace un par de semanas volvió a conceder otras 15 nuevas licencias para operar en la Comunidad de Madrid a la empresa Agencia Negociadora Transfers SL. A cierre de 3 de septiembre de este año, según los datos del Ministerio de Fomento, en España se rozaron por muy poco las 11.000 licencias.
Prácticas similares a la del taxi
Entretanto el mercado secundario sigue su curso, durante los últimos meses se han detectado prácticas en el sector de las VTC muy similares a las que se han visto en el taxi. Por ejemplo, los subarriendos de permisos, algo que no está permitido. Anuncios como este se repiten: “Busco alquiler de licencia VTC. Para empezar ahora. Posibilidad de pagar por adelantado varios meses como garantía”. “Alquilo tarjeta de transportes VTC en Andalucía por 700 euros al mes”, reza otro. Un subarriendo contra el que luchó la Federación del Taxi (Fedetaxi) en los últimos años y contra el que exigió medidas en el caso de “intermediarios irregulares”.
Por otra parte, según confirman varias fuentes, bufetes de abogados ofrecen su gestión de solicitudes denegadas con posterioridad al año 2015, cuando el propio Tribunal Supremo respaldó en su sentencia del pasado mes de junio el ratio 1-30 al entender como no discriminatorio y “ajustado a derecho”.
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