Orange batalla contra Hacienda por 55 millones de sus antenas de telefonía

 Están en juego 55 millones de euros. Orange batalla contra la Agencia Tributaria después de que ésta le exija el pago de esa cantidad en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por sus antenas de telefonía colocadas en España. La filial española ha recurrido, al no estar de acuerdo con la contabilización. Se suma a las numerosas disputas legales que mantiene, al igual que otros competidores del sector, con ayuntamientos y sus impuestos locales sobre servicios de telefonía móvil.

Fue en el año 2017 cuando Orange España recibió una notificación de la Agencia Tributaria por un ajuste de aproximadamente 55 millones de euros, según confirma la compañía en el informe anual presentado en el regulador estadounidense (SEC). Corresponde al llamado IAE de los ejercicios fiscales entre 2013 y 2015.

La compañía entiende que hay un desacuerdo en torno a la catalogación de antenas, cuyo número es tomado en cuenta para calcular la base del impuesto. "Consideramos que tenemos argumentos fuertes para justificar este cálculo", explica la compañía. Por esa razón, este dinero lo tiene incluido como un pasivo, sin precisar si ha habido una provisión específica para hacer frente. 

Mira también

Orange sale airosa de la guerra de tarifas: sus ingresos en España repuntan un 3%

La ley aprobada por el Gobierno de Aznar en el año 2002, que modificó la regulación de las Haciendas Locales, acarreó la eliminación del IAE para empresarios individuales y pymes y se compensó, principalmente, con una nueva tarifa especial para empresas de telefonía en función de abonados y de antenas. Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2003 y ha supuesto algún quebradero de cabeza para las operadoras.

La propia Orange se vio envuelta en una pelea con Hacienda... que acabó en un pago millonario. Fue en 2016 cuando el Tribunal Supremo, tras dos recursos de la operadora, confirmó el pago de 14 millones de euros por IAE y las antenas en Poble Nou. Lo curioso del caso es que a esa cifra se llegó después de que la compañía francesa reclamara por un fallo formal en el cargo. Éste era por 'servicio de telefonía fija' y era de 'telefonía móvil'. Tras la revisión, la administración tributaria de Poble Nou de la Delegación de barcelona lo corrigió pero fue más allá. Con la documentación aportada por la teleco, colocó la deuda en 14 millones.

Reevaluando el riesgo de las tasas locales

Al margen del IAE, Orange, como el resto de telecos, mantiene un buen puñado de litigios contra diferentes ayuntamientos en España por las diferentes tasas locales impuestas al sector. Hasta 2017, según aclaró la empresa, había recibido 32 millones de euros de facturas que los ayuntamientos le habían girado. Todas ellas fueron apeladas ante los tribunales.

Orange estaba convencida de que ganaría. Y por eso no provisionó nada o, al menos, no lo especificó en su memoria. Este año pasado ha sido distinto. No ha fijado la cantidad a pagar. Pero sí que advierte: "En 2018, hemos reevaluado el riesgo a la luz del curso de todos estos procedimientos". Pese a todo, la compañía cree que tiene "argumentos válidos" para mantener su posición en los tribunales.

Recorta más sus previsiones por otros litigios

Al margen del ámbito fiscal, Orange también mantiene otros enfrentamientos en el terreno judicial. Y por ellos tienen provisiones. Pero estas no han hecho más que bajar. En 2016 tenía reservados 34 millones de euros. Dos años después, a cierre de 2018, esa cantidad se reduce hasta los 21 millones.

La operadora destaca en su informe anual dos batallas. Una la de los SMS, que concluyó el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Supremo anuló la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. La otra está relacionada con British Telecom. Esta también la resolvió el Alto Tribunal a favor de sus intereses y de Vodafone y Telefónica. No ejercieron competencia desleal sobre la británica.