Orange salva la primera pelea con el Fisco y no pagará 55 millones por las antenas

Orange España salva el primer asalto de su batalla con Hacienda a cuenta de una inspección millonaria. La filial de la operadora francesa gana ante la Agencia Tributaria y no deberá abonar los 55 millones de euros que le exigía en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por sus antenas de telefonía en el país. Lo provisionó, pese a entender que era muy probable su victoria.

Todo arrancaba en 2017. Orange recibió una notificación oficial de la Agencia Tributaria de un ajuste fiscal de aproximadamente 55 millones de euros de los ejercicios entre 2013 y 2015. El enfrentamiento hay que encontrarlo en lo que Hacienda entiende como antenas, cuya cifra es la que se tiene en cuenta en el cálculo de este impuesto. La ley de las Haciendas Locales de 2002 creó una nueva tarifa especial para empresas de telefonía en función de abonados y de antenas.

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La operadora acabó impugnando esta decisión en una primera instancia y creía tener "fuertes argumentos" para exigir una reevaluación. Lo provisionó como un 'activo contingente'. En julio de 2019, según queda reflejado en la memoria anual de resultados presentada ante el regulador francés, la compañía explica en que el Tribunal Económico y Administrativo Central (TEAC) en España dictó una decisión favorable a sus intereses.

El tribunal tumbó la primera liquidación exigida por la Agencia Tributaria y, según Orange, anuló todas los ajustes fiscales y las reclamaciones de impuestos atrasados. Esta decisión, como es habitual en estos casos, puede ser reclamada por los abogados del Estado en nombre de Hacienda. De hecho, mantuvo una pelea similar porque había en juego 14 millones de euros que, finalmente, tuvieron que abonar pues el Tribunal Supremo falló en su contra.

No es el único pleito que mantiene con Hacienda la filial española de la operadora. De hecho tiene varios pendientes con las administraciones locales por las diferentes tasas municipales de ocupación de vía pública que han ido aprobando en los últimos años. En mayo de 2016, el Tribunal Supremo dio luz verde a esas tasas y eso acarreó una cascada de reclamaciones que hoy se encuentran en los tribunales. No especifica la cantidad que hoy tiene provisionada por este concepto.

Al margen de sus batallas, Orange sigue manteniendo una cantidad muy significativa de créditos fiscales de 700 millones de euros en España, que corresponden, según aclaran en sus cuentas, con bases imponibles negativas que aún no han sido compensadas. "Se utilizarán completamente hasta 2024, a menos que se vean afectadas por cambios en las normas impositivas y cambios en las proyecciones comerciales", apuntan en la compañía.

Todos estos números los ha hecho públicos en el balance de un año 2019 que ha venido marcado por la dura guerra de precios desatada desde hace dos años en el sector de las telecos en España y por el avance del 'low cost', que ya supone el 40% de todas las altas de paquetes de fibra y móvil en España. En total, sus ingresos cayeron un 1,5% hasta los 5.280 millones de euros, mientras que su Ebitda contando los alquileres y las nuevas normativas financieras se mantuvo estancado.

Ese avance del 'low cost' no ha espantado a la operadora, para centrarse más en los segmentos de más valor, sino que ha hecho un auténtico desembarco. En los próximos meses, lanzará ofertas convergentes (fibra y móvil) en las dos marcas de más bajo coste de su portfolio: Simyo y República Móvil. Amena ya la tiene. Buscan ganar cuota de mercado en este terreno, donde Másmóvil y la rumana Digi han avanzado muy rápido. Por tanto, ni se plantean eliminar alguna de estas enseñas. Defienden que no habrá canibalización de su negocio más 'premium', pese a que todos los indicadores hablan de un estancamiento del crecimiento económico en España y, por tanto, una mayor sensibilidad si cabe al precio de servicios como el de las telecomunicaciones.

Ese avance del 'low cost' y la agresividad comercial desatada en el mercado español ha llevado a que las previsiones de su cúpula se centren en una nueva caída de ingresos para volver a positivo en 2021. En este contexto, ¿habrá recortes de personal? El consejero delegado en España, Laurent Paillassot, niega en rotundo que esté sobre la mesa un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la plantilla, después de los ajustes de sus dos competidores: Vodafone y Telefónica.