Orange le pone números al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que cerró a mediados de año en su filial principal en España ante la batalla por el ‘low cost’ desatada en el último lustro. La operadora de telecomunicaciones francesa ha reflejado un gasto de 145 millones de euros en las cuentas del grupo en París para abordar el pago de las indemnizaciones de los despidos y las 200 prejubilaciones para los mayores de 54 años. Las últimas salidas de este plan pactado con los sindicatos se producirán en los dos primeros meses del próximo año 2022.
La compañía y los sindicatos alcanzaron un pacto después de una tensa negociación que se alargó durante varias semanas. Se rebajó la cifra final de los 485 iniciales a 400. Las indemnizaciones a los despedidos alcanzaban los 62 días por año trabajado para los empleados con salarios inferiores a 27.000 euros. A partir de ahí iba reduciéndose de manera progresiva hasta los 57 días para los que contaban con nóminas más altas. Estas cifras eran sensiblemente mejores que el anterior ERE firmado en el sector de las telecos en España, el de Vodafone de 2019. Y esto ha tenido reflejo directo en las cuentas.
En concreto, Orange ha reservado en todo el grupo 193 millones de euros para abordar costes de reestructuración, tal y como queda plasmado en su informe semestral que acaba de ser presentado ante el regulador francés. De esa cifra, 145 millones corresponden al ERE de España. Esto ha tenido un impacto en el resultado bruto de explotación (Ebitda) del negocio español, con una caída de 85 millones de euros. Como estaba previsto, las salidas de las 400 personas se producirán fundamentalmente este año, con un puñado de prejubilaciones ejecutadas en los dos primeros meses de 2022.
Este gasto reflejado en las cuentas de los galos es significativamente mayor del que tuvo lugar en el último ERE de la compañía en 2016, que rozó los 100 millones. De hecho, este esfuerzo económico es lo que hizo que la dirección cerrara la puerta a los sindicatos para ampliar el cupo de prejubilaciones ante la alta demanda recibida. Hay que recordar que casi 40 empleados, un 20% más del tope planteado por la operadora, se encontraban en una lista de espera. El fenómeno fue similar al vivido en Indra Sistemas, la división de Defensa de la compañía semipública, donde esa lista se engordó con más de 150 personas. Finalmente la empresa no accedió.
Las razones que alegó en su momento la compañía dirigida por Jean-François Fallacher se centraban en el giro que ha dado el mercado español hacia el ‘low cost’ y la “hipercompetitividad” que reina, con hasta cinco operadores nacionales relevantes tras la compra de Euskaltel por Másmóvil. El primer ejecutivo aseguraba recientemente que más de la mitad de las altas de productos convergentes (fibra y móvil) tenían un precio inferior a los 50 euros al mes. “Para garantizar nuestra competitividad, resulta imprescindible adaptar la operación a estos cambios estructurales”, apuntaba. En los primeros seis meses del año, su volumen de negocio cayó por encima de un 5% hasta los 2.368 millones de euros, con un desplome del 16% en el resultado bruto de explotación (Ebitda).
Estos números han obligado a tomar dos medidas concretas en su balance, más allá del ERE, que quedan plasmadas en su informe semestral. En el terreno fiscal vuelve a repetir el mismo movimiento que hizo meses atrás haciendo un ajuste significativo de los activos por impuestos diferidos, es decir los activos por deducciones o bases imponibles negativas pendientes de compensar. Ha recortado esta cifra en 140 millones de euros (casi el triple respecto a los 50 millones que ajustó a mediados del año pasado). La justificación que aporta el grupo: “Para reflejar el impacto negativo de los planes de negocio”, confirma.
Los ajustes se basan en un empeoramiento del plan de negocio debido a varios factores: un “entorno competitivo que se está deteriorando a pesar de las operaciones en curso destinadas a la consolidación de mercado” y, en segundo lugar, las “incertidumbres” con respecto a la continuación de la crisis sanitaria. Además hay otros hechos que tendrán consecuencias en los números. Por un lado, los efectos esperados de la creación de su gestora de torres (similar a Telxius) Totem en España -que se espera que esté finalizada a finales de este año-, que implicará una salida de caja de la división española en forma de costes de mantenimiento hacia esa nueva filial. Y por otro, los gastos vinculados al ERE y la caída en el Ebitda.
El ajuste de valoración
Todo este cóctel es el que ha llevado también a ejecutar un duro recorte de la valoración de la división española, algo que ya llevó a cabo Vodafone en dos ocasiones en el pasado y que no tiene impacto en la caja pero que sí obliga en el futuro a la matriz a volver a respaldar con capital. En concreto, esa rebaja es de 3.700 millones de euros, es decir, algo más de la mitad del valor total. Éste último se queda en algo más de 3.600 millones. Según las previsiones del grupo anunciadas el pasado mes de febrero, España no volverá a registrar crecimientos en ingresos hasta, al menos, el ejercicio 2022. Pese a todo, Fallacher se mostró algo más optimista hace unas semanas en un encuentro con inversores en Reino Unido y auguró buenas perspectivas por las previsiones macroeconómicas y los efectos positivos de la inyección de los fondos europeos. Apuntó que en 2021 invertirá 1.400 millones en el país, incluyendo el desembolso de espectro radioeléctrico para el 5G.
Uno de los temas recurrentes en los dos últimos años en el sector de las telecos en España es el de la consolidación. Tras el fracasado intento de Másmóvil de unirse con Vodafone y la ejecución del ‘plan b’ adquiriendo Euskaltel, Fallacher aseguró en ese mismo encuentro que analizarán las oportunidades de fusiones que haya en el futuro. “Somos el segundo operador del mercado y vamos a mirarlas; que yo sepa no hay nada en curso”, aseguró el ejecutivo. “Creo que en el futuro habrá más consolidaciones. ¿Cuándo? No lo sé; pero las combinaciones no son infinitas”, apostilló.
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