La operación de la década

Orange y Másmóvil deberán ceder parte del espectro 5G al superar el límite legal

Las dos concentran 190 'megahercios' de la banda de 3,5 Ghz lo que les obligará a desprenderse de más de un tercio. Digi o Avatel se postulan como beneficiarias de esta y otras 'compensaciones' de la operación.

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EFE

Orange y Másmóvil se convertirán en una potencia de telecomunicaciones fija y móvil si finalmente se cierra la fusión entre ambas con una 'joint venture'. No sólo por la cartera de clientes conjunta, que la colocaría por encima de Telefónica en cuota de mercado, sino también por la infraestructura. A la espera de ver cómo acoge la Comisión Europea esta transacción, cuyos últimos flecos se están negociando en exclusiva en estos días, hay una concesión de la que no podrán escapar: el espectro radioeléctrico para desplegar 5G. La suma de los paquetes de frecuencias para las redes ultrarrápidas de última generación superan el límite legal, lo que les obligará a ceder un tercio de las ubicadas en las bandas más altas. La rumana Digi y Avatel se postulan como beneficiarias de estas y otras concesiones que le exijan los reguladores.

El espectro para el 5G se reparte en dos bandas de frecuencias. Las altas, en los 3,5 'gigahercios', y las bajas, de 700 'megahercios'. Las primeras son buenas para cubrir áreas pequeñas con unas velocidades de transmisión muy altas pero sin capacidad para penetrar en edificios. Las segundas son complementarias y permiten esto último, siendo también útiles para zonas rurales. Las de 3,5 Ghz se subastaron principalmente en el año 2018 y a principios de 2021 y Orange resultó el operador que más aglutinó 110 'megahercios' entre varios paquetes. Másmóvil desistió de participar en la puja, como sí hicieran sus homólogos en otros países europeos, pero cuenta con activos aquí que incorporó de manera directa. Por un lado adquirió 40 'megahercios' al operador Eurona, mientras que sumó a su perímetro otros 40 de Neutra, la teleco en manos de Gala Capital.

Es decir, entre los dos operadores sumarían un total de 190 'megahercios', lo que se sitúa muy por encima del límite fijado por la regulación del Gobierno español de 120 'megahercios' por cada uno de los operadores. Ese techo se impone precisamente para evitar una concentración excesiva en unas solas manos. Esto obligaría a desprenderse de 70 Mhz, es decir, más de un tercio del total que acumulan ambos. En el caso de Orange, ha puesto sobre la mesa un total de 173 millones de euros para hacerse con las concesiones. Por su parte, Másmóvil sumó 45,5 millones en las dos transacciones.

La otra banda de espectro es la de 700 Mhz, que fue subastada a mediados del año 2021. Aquí no existe ningún problema de limitaciones, debido a que Másmóvil desistió de pujar pese al temor del resto de operadores por su actitud y el posible encarecimiento durante la licitación. El grupo dirigido por Meinrad Spenger decidió tirar la toalla y renunciar a presentar ofertas al no obtener las reservas de frecuencias que había exigido al Gobierno por su posición en el mercado frente a los tres grandes grupos.

Esas frecuencias ya están licitadas, por lo que debe ser el Gobierno y el regulador quienes decidan qué hacer con ellas. Lo lógico es que se asigne a otros operadores para no perderlas. En el mercado se baraja como posibilidad que estas frecuencias sean repartidas entre los tres grandes operadores -Telefónica, Vodafone y la propia entidad fusionada- pues se trata de los únicos con capacidad relevante para poder invertir en el futuro despliegue de las redes ultrarrápidas. Eso sí, concentraría el 'poder' sobre las infraestructuras sólo en tres manos.

La otra opción es que se designe a otros operadores más pequeños, con el objetivo de fomentar el despliegue propio. Todos los ojos se ponen sobre los últimos entrantes en el mercado, que pasarían a ser los mayores beneficiarios. Uno es el rumano Digi, que se ha convertido tras la compra de Euskaltel por parte de la propia Másmóvil, en el quinto operador 'de facto' en España, tras rozar los 3 millones de clientes móviles en España en el último trimestre del año -todos enmarcados en una oferta 'ultra low cost' con unos ingresos medios de menos por contrato de menos de 10 euros-. Esta compañía ha visto dañados sus ya de por sí estrechos márgenes por el crecimiento y lo que ha implicado de más pagos para el alquiler de las redes de Telefónica en la oferta mayorista. 

Los 70 Mhz sobrantes deberán cederse a operadores más pequeños o repartirse entre los tres grandes, que serán los que más inversión en despliegue ejecuten

El otro candidato es Avatel. Ha sido el gran consolidador de pequeños operadores, sobre todo en el Este de España. Cuenta con en torno a medio millón de clientes de fibra óptica. Ha superado las 200.000 líneas móviles con su propio operador móvil virtual, cuya comercialización comenzó el pasado mes de julio y que se basa en la red de Telefónica. Durante los últimos meses ha ido reclutando a profesionales vinculados a otras grandes operadoras, también de Másmóvil. El pasado mes de diciembre anunció la contratación de Santander para incorporar a un socio minoritario en su accionariado con una valoración conjunta del grupo de algo más de 1.500 millones de euros.

Otra subasta pendiente

Al margen de estas frecuencias, aún queda pendiente una última subasta para las redes ultrarrápidas 5G. Se trata de la banda milimétrica de 26 Ghz, con muchísima capacidad disponible y que estaría destinada para centros con gran demanda como estaciones de transporte, estadios, centros públicos grandes... La licitación se fijará en la segunda parte del año 2022. Y lo lógico es que Másmóvil no acuda, siguiendo la misma lógica que con la banda de 700 'megahercios'. En este proceso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se plantea abrir el espectro a empresas privadas, para que puedan establecer sus propias redes al margen de las de las telecos. Esto, según advierte la propia Telefónica en su informe anual de 2021, podría encarecer las frecuencias.

El espectro es el primer 'peaje' que deberían afrontar Másmóvil y Orange si finalmente llega a buen puerto su fusión con una 'joint venture' al 50%. Luego será la Comisión Europea la que estudie si esta concentración implicaría también otras desinversiones o entregas de activos a cuartos operadores como Digi o la propia Avatel. Desde las operadoras en proceso de fusión esperan lógicamente que estas restricciones sean las menores posibles, para así poder exprimir al máximo las sinergias.

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