Orange no da su brazo a torcer y descarta retirar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 485 empleados en España. La compañía mantiene la propuesta, por lo que las organizaciones sindicales dejan en pie la huelga convocada en toda España para la principal filial del grupo el próximo 18 de junio. Las dos primeras reuniones de la mesa de negociación se han saldado sin acuerdo y con un 'tanteo' de ambas partes, dejando para los encuentros del próximo viernes y del martes de la semana siguiente las conversaciones sobre las condiciones concretas, la voluntariedad de la medida y la posibilidad de incluir prejubilaciones.
Los sindicatos declararon la guerra a la dirección después de la presentación del ERE. Interpretaron el movimiento como una agresión, al entender que la responsabilidad de la caída de ingresos de la compañía en España era responsabilidad de la cúpula. "Nos tendrán enfrente; es la medida más injusta para la plantilla y una declaración de guerra para este sindicato que lleva años de interlocución constructiva en la búsqueda de acuerdos y que ahora esta dirección acaba de dinamitar", aseguraban desde UGT. Por ello, tanto ellos como CCOO reclamaron la retirada para poner sobre la mesa medidas alternativas que eviten despidos y apuesten por recolocaciones o formación en nuevas disciplinas más centradas en la digitalización. Es lo que sucedió en el área de Defensa de Indra, que acabó por retirar el despido colectivo 'in extremis'.
El pacto para retirarlo no ha sido posible en los dos primeros encuentros que tuvieron lugar el martes de la pasada semana y ayer. En el primero sólo se limitaron a la constitución de la mesa y la entrega de la documentación y de la primera propuesta -desde la comunicación formal a mediados de mayo no se habían ofrecido datos-. En el de ayer hubo un 'tira y afloja' táctico en el que cada uno mostró sus posiciones, pero sin que haya habido ningún tipo de avance, según explican fuentes sindicales. La operadora francesa volvió a defender la necesidad de abordar un ajuste de este calibre, que supone el 15% de la plantilla de la filial principal en España, ante un mercado con un giro claro hacia el 'low cost'.
Ante esta negativa, las organizaciones sindicales mantienen sus movilizaciones. Ya el pasado domingo se celebró una concentración en la Puerta del Sol. Sin embargo, la mayor medida de presión que plantean es la huelga el próximo 18 de junio. Los más de 3.200 empleados de Orange España -no están afectados los de las divisiones de distribución, la de los operadores móviles virtuales y la de telemarketing- están llamados a un paro. En el caso de Vodafone, que negoció su ERE en 2019, se fijaron cuatro días de paros totales y otros tantos de parciales.
El antecedente anterior de una negociación de este tipo en Orange es la del ERE de 2016, que se presentó después de la compra de Jazztel por 3.500 millones ante los solapamientos de puestos y las duplicidades en el grupo. En ese caso se alcanzó un acuerdo para reducir a algo menos de 500 el número de despidos, con el compromiso de que no hubiera vetos por parte de la empresa y con la posibilidad de retrasarse la salida un máximo de tres meses desde la adscripción del empleado. En total, el recorte en la afección fue de algo más del 10%.
En este caso, las condiciones son muy distintas. El mercado de las telecomunicaciones estaba muy caliente, tras el surgimiento de operadores pequeños y la convergencia lanzada por Telefónica con Fusión, pero no tenía una tendencia tan clara hacia el bajo coste. Y esa es la principal alegación que hace la cúpula, dirigida por Jean Francois Fallacher, en España: "El sector lleva años encadenando pérdidas de ingresos como consecuencia de la hipercompetitividad del mercado y la multiplicidad de actores low cost". Entre las condiciones iniciales que se pusieron sobre la mesa el 1 de junio está la voluntariedad prioritaria, aunque con la posibilidad de veto, y la inclusión de hasta un centenar de prejubilaciones, lo que no convenció a los representantes de los trabajadores.
Caída del negocio
Este ERE es el primero que se negocia en el sector desde el de Vodafone de 2019. Y, al menos por ahora, va a ser el único ajuste de plantilla colectivo. En la operadora británica ya ajustaron y han mejorado márgenes en el último ejercicio fiscal. En el caso de Telefónica han terminado un nuevo ciclo del plan de prejubilaciones (conocido como PSI) que se firmó en 2019 y han descartado poner sobre la mesa otro en el marco de la negociación de la prórroga del convenio colectivo de las tres filiales cabecera en España. ¿Y en Másmóvil? Queda por ver las medidas que se toman tras la compra de Euskaltel. No habrá ERE en 5 años, tal y como contempla el compromiso formado en la oferta pública de adquisición (opa), aunque los sindicatos temen goteos de despidos sin acudir a un expediente formal.
Orange cuenta con 3.200 empleados en la filial principal (Orange Espagne) en España. Pero a esa cantidad hay que sumar los empleados del resto de divisiones. En total, según sus propias cifras, superan los 7.000 en total. Durante los últimos trimestres, el grupo galo intensificó su caída en ingresos. Entre julio y septiembre del año pasado cayeron un 5,6% y un 8,8% entre octubre y diciembre. Los primeros tres meses de este año, el resultado no ha sido mejor, con un 7% de descenso. Lo que los sindicatos le recriminan es que, pese a ese empeoramiento del volumen de negocio, sigue ganando por encima de los 1.000 millones de euros.
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