Fin al juicio bancario del año. El juez del Juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) Javier Sánchez Beltrán ha concluido que Banco Santander debe indemnizar a Andrea Orcel con 67,8 millones de euros por su fichaje fallido a finales de 2018. La Justicia ha decidido así estimar la demanda interpuesta por el banquero italiano que ha enfrentado al actual consejero delegado de Unicredit -uno de los mayores grupos financieros de Europa- con la propia presidenta de la entidad cántabra, Ana Botín, quien tuvo que declarar en calidad de representante de la demandada.
La sentencia señala que la entidad debe abonar al demandante 17 millones de euros en concepto de bonus de incorporación; 35 millones de euros en asunción de incentivos a largo plazo; 5,8 millones de euros euros por dos anualidades del salario, lo que está recogido en la cláusula ‘retribución objetivo anual’ y, por último, 10 millones de euros en concepto de daños morales y reputacionales. A estas cantidades hay que añadirles el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda más dos puntos desde la fecha de la sentencia. El grupo español también deberá asumir las costas procesales.
Contra el fallo cabe interponer recurso de apelación y así lo hará Banco Santander, que recurrirá la resolución. Fuentes oficiales de la entidad han indicado que respetan ante todo las decisiones judiciales, pero subrayan que están en total "desacuerdo". Banco Santander ha invocado a su consejo de administración, asegurando que el órgano de la entidad confía en que ganará el recurso que presentará ante la Audiencia Provincial y recuerda que así ha ocurrido ya en las dos querellas penales planteadas en los tribunales en relación con este asunto.
Sánchez Beltrán asegura que Banco Santander "incumplió el contrato" y, por tanto, fue resuelto de manera "unilateral e injustificada". Considera que, atendiendo a la evidencia de que el prestigio y formación de Orcel eran sumamente considerados en el ámbito bancario europeo, a las elevadas expectativas que había albergados, incluso dando a conocer públicamente su nombramiento, la decisión del banco produjo "frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito".
Este episodio jurídico se inició después de que Orcel decidiera acudir a los tribunales al sentir que debía ser resarcido por haber dejado su puesto en UBS y finalmente ser apartado como 'número dos' de Botín. Pedía inicialmente 112 millones de euros como compensación económica, fundamentalmente por los posibles daños reputacionales y a su carrera que esta decisión le pudiera acarrear en su vida laboral. Pero la situación profesional de Orcel ha cambiado desde entonces y su alegato fue perdiendo consistencia.
La bronca en sede judicial tenía tintes de no prolongarse demasiado. Apenas se necesitaban dos sesiones para que declarasen primero Botín y, después, los testigos. No obstante, el proceso se topó con una serie de obstáculos que obligó a suspender en varias ocasiones las citas que se iban programando. El caso fue así encallando una y otra vez, debido, entre otras cosas, a la inactividad de los juzgados en el mes de agosto, a una cuarentena por contacto estrecho con una persona positiva en coronavirus e incluso por problemas de agenda.
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