Orcel 'metió la cabeza' en Santander al tiempo que negociaba su salida de UBS

Hace poco más de un año que se conoció que Banco Santander cancelaba el polémico fichaje del banquero de inversión italiano Andrea Orcel como nuevo consejero delegado del grupo y, a medida que se va acercando la fecha del juicio, que comenzará con la audiencia previa del próximo 13 de abril, se van conociendo algunos nuevos detalles sobre la relación que mantuvieron ambas partes en los tres meses posteriores a los que se anunció la contratación, en los que el ejecutivo italiano empezó a ser partícipe en la estructura de la entidad financiera aunque no estuviese integrado en ella de modo formal, pues la cláusula de non compete (no competencia) así se lo impedía.

Pese a que no podía trabajar en el sentido más estricto de la palabra, Orcel, que fue nombrado como consejero delegado el 25 de septiembre de 2018, sí que empezó a integrarse en Santander durante los tres meses previos a que se frustrase el acuerdo, según sostienen fuentes cercanas al banquero de inversión italiano. El cometido por el que se le fichó era levantar el precio de la acción del grupo e incluso antes de anunciarse el acuerdo Orcel ya había empezado a diseñar el nuevo plan estratégico de la entidad, que contemplaba la venta de negocios no rentables para alcanzar dicho objetivo.

Para ello, el banquero estuvo en la sede del banco en Boadilla y se le presentó al que sería su futuro equipo, es decir a algunos miembros del comité de dirección y responsables de países donde opera Santander. Además, asistió como oyente a reuniones y se le incluyó en un grupo de WhatsApp que mantienen los directivos clave del banco, conocidos como Promontorio, en referencia el palacio donde reside la sede de la Fundación Botín en Santander (Cantabria). Eso sí, no estaba facultado para tomar ningún tipo de decisión, ya que se lo impedía el garden leave de seis meses con UBS, que no le permitía incorporarse formalmente a la disciplina de la entidad hasta marzo del año pasado.

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El fichaje se frustró definitivamente el 15 de enero de 2019, cuando Santander anunció que su consejo de administración había acordado “dejar sin efecto” el nombramiento de Andrea Orcel como nuevo consejero delegado. Una semana antes se lo había comunicado Ana Botín y hay versiones que apuntan a que fueron las disputas de poder con la presidenta las que dinamitaron la contratación. También que la fuerte personalidad y la falta de sintonía con algunos directivos clave de Santander provocaron dudas en el seno de la entidad. El banco, en cambio, defiende que se trató de una decisión estrictamente económica, ya que los costes del fichaje de Orcel, a quien acusa de no hacer nada por rebajarlos, superaron sus previsiones. No obstante, resulta extraño que un banco de la talla de Santander no fuese capaz de estimarlos con anterioridad, más si cabe cuando los mismos quedaron fijados en la carta oferta (offer letter) firmada entre ambas partes.

Sea como fuere, todos estos detalles van a jugar un papel decisivo en la batalla judicial que está por venir. Descartado actualmente un acuerdo, el pleito girará en torno a si la carta oferta supone un verdadero contrato o no. El directivo alega que sí, mientras que la entidad financiera defiende que el mismo no se “perfeccionó” al haber quedado pendiente de negociar la compensación (buyout) que recibiría Orcel por la pérdida de su bonus acumulado en UBS. Además, la entidad dice que el nombramiento aún estaba sujeto a una “exigencia legal indeclinable” como el visto bueno por la junta general de accionistas y la futura aprobación del contrato por el consejo, así como el OK definitivo por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Orcel reclama el cumplimiento del contrato y, de forma subsidiaria, una indemnización de hasta 112 millones de euros, entre los que se incluyen la prima de fichaje acordada por importe de 17 millones, el buyout de hasta 35 millones y el salario de unos 10 millones de euros anuales durante seis ejercicios. Al juicio podría tener que acudir la propia Ana Botín, que, de acuerdo al contenido de la demanda, fue la que inició los trámites para el fichaje de Orcel, que en su última comunicación pública amenazó con demostrar su versión de los hechos en sede judicial “con los interrogatorios pertinentes”.

Una vez cancelado el nombramiento, Botín ofreció compensar al banquero con un cargo ejecutivo en alguna de las inmobiliarias cotizadas vinculadas al grupo o en una firma de inversión a la que daría negocio, según las grabaciones que realizó Orcel desde que supo que no sería CEO en Santander. En la actualidad, el banquero italiano se encuentra establecido en Londres y permanece en el dique seco, aunque sí que ha prestado asesoramiento en algún tema ajeno al sector financiero. Esta por ver si reaparece en Davos, donde podría encontrarse la presidenta de Santander, que, según se dice en mentideros financieros, vetó su participación como representante del banco el año pasado, antes de que se frustrara el fichaje.