Si el ciudadano contribuyó a rescatar a la banca ahora toca que la industria revierta a la sociedad el favor con un mayor esfuerzo a la hora de rendir cuentas a Hacienda. El mismo argumento de ‘justicia social’ une al PSOE y Unimos Podemos para abrir campaña con iniciativas fiscales que buscan captar miles de millones de euros al año entre las entidades financieras. ¿Pero paga poco el sector financiero? Si la pregunta se circunscribe al impuestos de sociedades, en 2015 ingresó al erario público 2.942 millones de euros o el equivalente a un 27,37% de tasa efectiva, conforme al último balance divulgado por la Agencia Tributaria.
Con los balances cerrados de 2016, los grupos bancarios usaron el 27,11% de sus 18.504 millones en beneficio bruto a atender el mismo tributo. Un estudio de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) cifra, en cambio, en 34 de cada 100 euros el dinero que sus entidades socias destinan a atender todos los impuestos, si bien suma al impuesto de sociedades el IVA repercutido en servicios, los impuestos municipales por sus numerosos inmuebles, la instalación de cajeros automáticos o las contribuciones sociales para los empleados.
También hay letra pequeña: a algunas entidades le sale favorable el impuesto de sociedades porque están activando los conocidos como ‘activos fiscales diferidos’ o derechos de cobro contra la Hacienda Pública. El uso de este derecho permitió, por ejemplo, al Santander sumar -en lugar de restar- 352 millones al resultado conseguido el pasado ejercicio en España; 170 millones a BBVA; 5,4 millones a Inversis; 59 millones a Abanca o casi 43 millones a BMN; conforme a los balances divulgados por la AEB y la CECA con datos a cierre de 2016.
Los citados créditos fiscales o DTAs, por su nomenclatura, son gastos desgravables que no pudieron activar en su momento por completo ante los limitados beneficios -se necesita una base imponible suficiente-, pero disponen de 18 años para monetizarlos. Entre ellos figuran los saneamientos de balances y provisiones para prejubilaciones. La banca española acumuló una hucha superior a los 50.000 millones con el gigantesco esfuerzo de limpieza del ladrillo y el profundo ajuste de red y plantilla.
No es una ventaja nacional sino una regla internacional que, más bien, ha resultado al final una desventaja frente a sus pares cuando entra en vigor Basilea III. Las nuevas normas de capital impiden que dicho talón frente a Hacienda pueda seguir contabilizándose contra solvencia salvo que el Estado lo avale.
Países con presupuestos holgados como Alemania, Francia o Brasil abonaron de golpe lo ‘adeudado’ a sus bancos por dichos DTAs, mientras Italia o España activaron un sistema de avales que cuesta comisiones a las entidades y en el caso español ha reducido la hucha de activos monetizables a 32.000 millones, inutilizando el uso de algunos de los créditos fiscales. Por eso algunos bancos apresuran su uso hasta lo que el beneficio permite desgravar. Y por eso la tasa efectiva impositiva se limitó algún año al 8% o durante el pasado ejercicio resultó, incluso, “a pagar” 895 millones a los bancos tradicionales.
La industria pagó 471 millones el pasado año al Estado por expedirles la garantía con la que se avala a los acreedores pase lo que pase con la entidad, dicha hucha forma parte de su patrimonio. El Gobierno dio el balón de oxígeno a finales de 2014 -como otros países hicieron antes- y en 2015 llega la de arena… a medias. El Ejecutivo bajó el impuesto de sociedades desde el 30% al 25% a todas las empresas con dos excepciones: la banca y las empresas de exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos.
Un impuesto para las pensiones
Es el único sector, junto al de hidrocarburos, que paga cinco puntos más en tributos de sociedades en previsión de que su tasa se reduciría precisamente al monetizar los DTAs. Es aquí donde Podemos fija sus miras y propone elevar el tipo de sociedades desde el 30% al 40% para ingresar 5.800 millones en cinco años. La intención de Pedro Sánchez es inventar una nueva figura impositiva para el sector, con la que levantaría 1.000 millones al año para financiar las pensiones.
“El debate no es si se tributa más o menos. Es una medida política” lamentan en el sector. A la banca fue a la que ya el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero primero y el de Mariano Rajoy después, culparon de abonar la crisis con una concesión irresponsable del crédito que llevó al abismo a cajas rescatadas y promovió ejecuciones hipotecarias, sin asumir responsabilidades política de haber contribuido a abonar la burbuja o no haber anticipado y mitigando la recesión con medidas.
La tentación de colocarlo en la diana de la política fiscal para un aprovechamiento electoral viene de lejos. Andalucía, Canarias y Extremadura en una primera etapa y Cataluña y Asturias después implantaron, por ejemplo, un impuesto a los depósitos en los albores de la crisis bajo la tesis de obligar a las entidades a retornar los recursos captados a la región; que acabaron anulados en los tribunales. El Gobierno acabó sustituyéndolo por un tributo nacional para abonar a las autonomías los 500 millones que habrían recaudado con su aplicación.
Cuando las arcas se vacían se multiplican igualmente los gravámenes a la instalación de cajeros automáticos y regiones como Andalucía y Cataluña fijan sanciones por los pisos vacíos o sin alquilar de las entidades financieras. Hoy, en valores absolutos, la banca es el sector empresarial que mayores ingresos genera al Erario conforme a estadísticas del INE.
¿Pero caben nuevos tributos? “Estamos en la Unión Bancaria donde rigen normas comunes. Se debería considerar el efecto porque la industria debe de ser competitiva”, refiere un experto en alusión a la eliminación de barreras intrínseca al euro y que podría ofrecer ventaja a entidades con menos hipotecas procedentes de otras jurisdicciones. El analista juzga necesario valorar tanto el impacto potencial como el sentido de las medidas. La crisis ha puesto en evidencia que los apuros al sector acaban afectando a su función y hoy es aún el responsable del 70% de la financiación de familias y empresas, recuerda. Y en el caso específico del impuesto del PSOE para financiar las pensiones, el principal debate si requiere una reforma integral porque un tributo puede ser una mala solución sin garantizar la sostenibilidad de los gastos -jubilaciones-.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios