La crisis obligará a prolongar el pago de la deuda eléctrica más allá del año 2030

El parón de la economía hace trastabillar los planes afinados durante años tanto en el sector público como en el sector privado. En el sistema eléctrico, el desplome del consumo y las medidas para abaratar la factura de negocios y particulares por la crisis, van a provocar desajustes en los ingresos y gastos.  En el peor de los escenarios, el desequilibrio puede llegar a 2.000 millones de euros en el ejercicio 2020. Un golpe cuando todavía están pendientes de pago cerca de 16.000 millones de euros -17.500 millones si se incluyen los intereses- de la deuda acumulada entre los años 2000 y 2013 que superó los 28.000 millones. El fondo que avaló el Estado en 2011 para gestionar esa montaña de deuda -el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE)- tenía previsto rematar su labor en 2028, pero su trabajo puede extenderse más allá de 2030, según apuntan fuentes empresariales y ministeriales.

Legalmente, el periodo de actividad del Fondo que se creó en 2011 para colocar la deuda embalsada y cedida por las eléctricas, se extiende desde la fecha de desembolso de la primera emisión del FADE, que tuvo lugar el 25 de enero de 2011, hasta la fecha de vencimiento legal. En total, 23 años, hasta 2034. El ritmo de colocación de la deuda entre inversores institucionales apuntaba al cierre en 2026, aunque el pasado año, en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya se manejaba la posibilidad de nuevas emisiones hasta 2028.

La pandemia del Covid prolongará la vida de la deuda. Hasta la fecha, contando los intereses, los usuarios del sistema eléctrico han desembolsado ya, vía tarifas, la mitad de toda la carga: 21.000 millones de euros. Pero queda mucho dinero pendiente. El esfuerzo va a ser mayor por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Los ministerios de Asuntos Económicos, de Hacienda y de Transición Ecológica intercambian ideas para hacer frente a diferentes escenarios en el sistema eléctrico y, entre ellas, según fuentes al tanto de los trabajos, está la posibilidad de realizar nuevas emisiones de deuda.

El peor escenario

La peor de las hipótesis contempla un rebrote de los contagios por coronavirus en otoño que puede obligar a restringir de nuevo la movilidad y el funcionamiento normal de las empresas, los pequeños negocios y los autónomos. En ese caso, el déficit en el sistema eléctrico puede llegar a los 2.000 millones, un desgarrón sin  demasiadas alternativas de arreglo a no ser vía impuestos y/o endeudamiento. En la caja de la CNMC hay 1.100 millones por los superávits eléctricos de años anteriores. Pero con ellos hay que cubrir el desfase previsto en 2019, aún por cerrar, y el previsiblemente abultado de 2020. 

Las empresas dan por hecho que el Estado tendrá que hacer frente al desajuste. El director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez Morales, considera inevitable que el sistema registre un déficit ante la situación que viven las empresas "con caídas de la demanda eléctrica en abril del 17%, y del 18% en el gas, que afectan a los ingresos vía impuestos, ya sea el de generación (7%), el impuesto al CO2 o el de hidrocarburos". En su opinión, que se genere déficit no es algo malo en sí mismo, ya que sitúa la deuda provocada por la crisis "allí donde tiene que estar, en el Estado".

El riesgo de agujero crece porque las previsiones de recaudación no son buenas, incluso en el mejor escenario para salir del estado de alarma. Los primeros cálculos, en marzo, apuntaban a descensos de 200 millones en el impuesto a la generación y de 500 millones en el impuesto del CO2. Pero esas cifras están superadas. En el horizonte, más allá de tapar agujeros vía nuevo endeudamiento, aparece también la revisión de la fiscalidad energética, los  llamados "impuestos verdes".

Vuelta al pasado

Todo, para evitar una vuelta al pasado. Nadie desea que se reproduzca el problema que comenzó en 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como responsable de Economía, aprobó por ley que la tarifa eléctrica nunca subiera más que el índice de precios (IPC). Una congelación del precio de la electricidad -y de la inflación- en plena negociación del Tratado de Maastricht, pero a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro. Todo acabó en un pantano de deuda que los usuarios todavía pagan en el recibo.

En 2012 el déficit de tarifa llegó a superar los 28.000 millones de euros, y eso fue lo que llevó al Gobierno, entonces en manos de Mariano Rajoy, a crear el impuesto a la generación eléctrica para atajarlo y a impulsar una nueva ley que acabara con la situación. El coronavirus ha vuelto a desajustar todo el cuadro. "Mantenemos el programa. Lo que es verdad es que estas semanas han cambiado radicalmente el suelo que pisamos. Quizás hay que introducir algún calendario modulado”, admitió hace unos días la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. Todo está en el aire.