Todos los años tienen un invierno y el próximo amenaza tormenta. El Parlamento Europeo ha pisado el acelerador por temor a un 'crack' en la cadena de suministro de gas que ponga en apuros a los Estados miembros durante la próxima temporada invernal. Hace unas semanas, Estrasburgo aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia el plan de choque de la Comisión Europea para garantizar el abastecimiento de este combustible para el conjunto de los Veintisiete.
El acelerón del Parlamento Europeo respalda las recientes declaraciones del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien este miércoles alertó del riesgo de escasez de combustible en territorio comunitario si, como se espera, la ofensiva militar rusa en Ucrania se prolonga más de lo previsto. Imaz subrayó en el Encuentro Empresarial de Cebek que en estos momentos no se pueden sustituir los 150 bcm de gas que Europa recibe de Rusia. El directivo auguró que el abrupto divorcio de la Unión Europea y Moscú desencadenará un "tensionamiento brutal" en el mercado del gas a partir de septiembre, coincidiendo con los meses más fríos en los que la demanda de este combustible se dispara.
El aviso a navegantes de Imaz no sentó bien en Moncloa, donde insisten en que, a nivel nacional, el abastecimiento para el próximo invierno está garantizado. El Gobierno mantiene este discurso a pesar de las crecientes tensiones con Argelia, una brecha diplomática que ha dado cancha a Italia -que hasta ahora importaba el 40% del gas de Rusia- para reforzar sus relaciones con Argel. El propio Mario Draghi, primer ministro italiano, realizó una visita relámpago al país magrebí el pasado abril, con el objetivo de tender nuevos puentes con el Gobierno argelino en materia energética.
La urgencia de las autoridades europeas por poner en marcha el nuevo plan de choque llevó a la institución que preside Ursula von der Leyen a solicitar al Parlamento Europeo que subiese una marcha en la tramitación de la propuesta legislativa. Estrasburgo accedió. Este nuevo marco normativo fue adoptado por la Comisión el Europea el 23 de marzo e incluye modificar dos reglamentos, el de 'medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas' y el de 'condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural'.
Entre otras medidas, la propuesta incluye la obligación de que las reservas de gas de los Veintisiete estén al 80% de su capacidad el próximo 1 de noviembre, frente al 37,4% actual, así como el establecimiento de un sistema de vigilancia para controlar posibles alteraciones en el sistema de suministro. En virtud del nuevo marco normativo los Estados miembros deberán "someterse a una nueva homologación obligatoria para evitar los riesgos derivados de una posible interferencia externa".
Europa ha dado su visto bueno para que las reservas de gas de los Veintisiete se encuentren al 80% antes del próximo invierno, frente al 37,4% actual
El Parlamento Europeo hizo gala de la agilidad prometida y selló su apoyo al nuevo plan el pasado 7 de marzo, devolviendo el texto a los ministros de la Unión para su debate final. Los embajadores del bloque dieron el visto bueno final al documento el pasado miércoles 11 de mayo. Los gobiernos de España y Portugal solicitaron una 'bula' para, bajo el paraguas de la isla energética, quedar eximidos del citado incremento de las reservas. La alianza ibérica obtuvo el permiso de Europa.
El Ejecutivo insiste en que los problemas de abastecimiento no afectarán a España, pese a su conflicto con el país norteafricano, que desde hace meses negocia una subida del precio del gas que inyecta a nuestro país. Pero al otro lado de los Pirineos la llegada del frío aprieta. El inusual recorte en los plazos administrativos de la Unión Europea da carta de naturaleza a las palabras de Imaz, quien se sumó al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al apuntar que lo que toca ahora en Europa es priorizar el suministro. Esta urgencia choca con la ambición verde que ha llevado a gobiernos y empresas a acelerar sus objetivos de sostenibilidad en los últimos años.
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