La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que pasa por ser la organización de referencia de la actividad del 'lobby' en España, ha respondido con un 'no' a la solicitud para darse de alta como asociado presentada por Acento, la consultora fundada por el exministro socialista José Blanco y en cuya nómina pueden encontrarse otros nombres ilustres de la política española de los últimos quince o veinte años como el que fuera alcalde de Vitoria por el Partido Popular, Alfonso Alonso; el exportavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando; o la que fuera vicesecretaria general del PSOE y eurodiputada, Elena Valenciano, según han confirmado a La Información fuentes de la propia consultora.
Según aseguran fuentes del sector y confirman también desde Acento - desde APRI han preferido no hacer comentarios -, la negativa de la asociación del lobby a dar entrada a la consultora de José Blanco se debe a una cuestión puramente procedimental: el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el Código de Conducta del que se ha dotado la asociación del lobby y que replican los estándares de autorregulación que firman los lobistas que quieren entrar en el Registro de Transparencia de Bruselas, el principal referente de regulación de la actividad de los lobistas en Europa. Se trata de nueve principios vinculados con la transparencia, la neutralidad o la honestidad en el proceder profesional de los asociados, cada uno de los cuales "recoge un aspecto esencial para asegurar el desarrollo de la actividad del lobby aplicando en todo momento buenas prácticas", según se puede leer en la página web de la asociación.
El principio en cuestión que no habría cumplido Acento sería el punto siete de ese Código de Conducta, que bajo la denominación de 'Principio de Incompatibilidad y Desconexión' establece que "los parlamentarios y cargos públicos no podrán asociarse a APRI en los tres años posteriores a su último mandato en las instituciones europeas y del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico, salvo en caso de reincorporación a la profesión de asuntos públicos ejercida previamente". Sucede que tanto en el caso del CEO de Acento, José Blanco, como en el de su director general, Antonio Hernando, ese periodo de 'cuarentena' todavía no se habría cumplido, ya que el exministro de José Luis Rodríguez Zapatero finalizó su mandato como diputado del Parlamento Europeo en el año 2019 y el exportavoz parlamentario socialista también fue diputado nacional hasta ese ejercicio.
Desde Acento se asegura que la solicitud de asociación en APRI se planteó precisamente por el singular interés que tiene la firma no sólo en actuar con total transparencia sino en cumplir los más altos estándares de autorregulación vigentes en el mercado y que, de hecho, no se descarta volver a tramitar la solicitud de asociación en el momento en que los miembros de la firma cumplan con todos los requisitos previstos en el Código de Conducta. Subrayan también que su director jurídico y de operaciones, Estaban González Guitart, - hijo del eurodiputado popular Esteban González Pons y sin pasado en la política -, forma ya parte de la asociación a título particular.
Las 'puertas giratorias', otra vez en el punto de mira
El episodio vuelve a poner en el punto de mira el siempre controvertido debate sobre las 'puertas giratorias', que no sólo ha zarandeado en los últimos meses el mundo de las relaciones institucionales- singularmente desde la irrupción de Acento - sino que ha vuelto al foco de la actualidad con la doble iniciativa desde el Gobierno y desde el Parlamento para regular de una vez por todas la actividad de los lobbys en España.
La entrada en escena de la consultora de José Blanco y la supuesta febril actividad que se le atribuye en los últimos meses - apenas hay proyecto o iniciativa gubernamental en la que no se le implique de un modo u otro pese a la ausencia de cualquier evidencia documental - han desencadenado una ola de malestar en el sector, que desde no pocos despachos observa la 'consultora de expolíticos' montada por José Blanco como un paso atrás en los esfuerzos de profesionalización y dignificación de la profesión de lobista realizados en los últimos años. Desde Acento ven injustas estas críticas: "No hay un solo Departamento de Relaciones Institucionales de ninguna firma grande o pequeña que no cuente en sus filas con algún expolítico", aseguran. "Y es normal, porque aportan unos conocimientos sobre el funcionamiento de la actividad parlamentaria y administrativa, sus plazos y su operativa que son difíciles de encontrar en otros perfiles".
El planteamiento no parece ser compartido por el Gobierno, que hace unas semanas abrió a consulta pública un anteproyecto para regular la actividad del lobby y señaló como uno de sus objetivos la limitación "de las puertas giratorias entre altos cargos y empleados públicos, por un lado, y los grupos de interés". A la espera de conocer la posición del Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el particular, la asociación APRI ya ha planteado en sus aportaciones a la consulta pública la ampliación del periodo de incompatibilidad de altos cargos de los dos años previstos a día de hoy en la norma a tres años en el caso de que éstos pretendan incorporarse como representantes de grupos de interés para actuar en representación de empresas privadas.
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