La norma para regular los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica es clave para el sector renovable en general y para el sector solar fotovoltaico en particular. De ella depende quién y cómo entra en la partida de las energías limpias -pequeños promotores, grandes empresas o fondos- y cómo se evita la especulación que ha convertido los permisos de enganche en un activo financiero, sin más propósito que la ganancia a corto plazo. La norma es clave, pero la circular de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que la debe cimentar está empantanada por las discrepancias entre Competencia y el Ministerio de Transición Ecológica.
El borrador de circular sobre el acceso y conexión a la red está en un limbo. No se ha tratado en el pleno de la CNMC, y no está previsto hacerlo. Según fuentes internas del organismo, el borrador está bloqueado en una especie de subcomisión jurídica entre la Comisión y el Ministerio, sin fecha prevista de aprobación. El bloqueo choca con las urgencias del sector renovable. El presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, Jorge Barrero, instó en el VI Foro Solar a resolver la situación cuanto antes. "Es necesario ordenar la concesión de los puntos de conexión evitando los abusos de posición dominante y eliminando especuladores", aseguró.
La realidad es que la circular sobre acceso y conexión de los productores de electricidad a la red, con la que la CNMC pretende pinchar la burbuja especulativa en las renovables, ha actuado como mecha para el choque con el Gobierno. Están en discusión las competencias de cada parte en un marco complejo, cuando la explosión de proyectos renovables ha convertido las autorizaciones de conexión que expide Red Eléctrica de España (REE) en un activo negociable más.
Condiciones más duras
Para evitarlo, la CNMC quiere imponer condiciones más duras a los promotores para verter energía a la red. Pero en opinión del Gobierno, se ha excedido. El informe elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre la norma de la CNMC señala entre otras cuestiones que "corresponde regular al Gobierno, mediante Real Decreto (...) el marco general del procedimiento de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, el principio general de otorgamiento del acceso (cronológico u otros), la posibilidad de establecer otros mecanismos de asignación de capacidad (p.ej, subastas) y la posibilidad de realizar hibridaciones entre diversas tecnologías". Aspectos en los que se ha inmiscuido Competencia.
La Ley del Sector Eléctrico de 2013 establece que los permisos de acceso y conexión caducan a los cinco años. Sin embargo, otro Real Decreto-en el sector energético proliferan- aprobado el 11 de enero para adecuar las competencias de la CNMC permite que, hasta que no esté en vigor el de acceso y conexión, se podrán prorrogar los permisos existentes. La situación es, cuando menos, confusa. En palabras del gestor del sistema, Red Eléctrica de España (REE): resulta necesaria y urgente la regulación por parte de la CNMC y del Ministerio de Transición Ecológica.
Sin reglas claras, la avalancha de solicitudes de acceso ya ha obligado a REE a endurecer los procedimientos. REE ha denegado permisos para conectar 25.000 MW fotovoltaicos -datos acumulados hasta julio-. Por supuesto, tal acción ha tenido su reacción. Si REE está sobrepasada por la cascada de peticiones, el departamento de quejas de la CNMC empieza a saturarse.
En agosto, el organismo que preside José María Marín Quemada recibió 20 quejas por la negativa de REE a tramitar permisos de conexión. Lo habitual, según fuentes internas de Competencia, es que la CNMC reciba al año entre 30 y 35 reclamaciones relacionadas con los permisos de acceso. Es una situación incómoda tanto para la CNMC como para REE. Especialmente para esta, que puede salir chamuscada del proceso.
El debate es intenso porque el negocio es importante. Un dato: en 2018 se invirtieron en España 6.840 millones de euros en renovables, frente a los apenas 1.000 millones de un año antes, según datos de Bloomberg NEF. El negocio tiene dueños. En contra de lo que sucede en países como Alemania, Francia o Italia, el negocio renovable, especialmente el solar fotovoltaico, se concentra cada vez más en un puñado de empresas y de fondos de inversión.
La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha dado la voz de alerta. Sostiene que los posibles beneficios de la generación fotovoltaica están siendo monopolizados por un grupo reducido de empresas. Todo, asegura la asociación, gracias a una normativa que, al menos hasta el momento, ha propiciado la concentración al incentivar la construcción de macroparques, a través de condiciones inalcanzables para pymes e iniciativas locales.
Los macroparques, al estilo del anunciado por Iberdrola en Extremadura o los que impulsan en Murcia empresas como Cobra (ACS) y fondos austriacos, copan las solicitudes de puntos de conexión a REE, lo que dificulta que empresas locales y explotaciones agrarias de la zona puedan poner en marcha sus propios proyectos.
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