Es una batalla en toda regla... y en toda España. La pelea de Glovo, Deliveroo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social sigue más intensa que nunca. Los juzgados de lo social de las principales provincias españolas acogerán más de una veintena de juicios en los próximos meses en los que se dilucidará si son empleados por cuenta propia o empleados. Un aluvión que se suma a todas las demandas particulares de profesionales que se han ido presentando en el último año y medio.
El procedimiento se está repitiendo en la inmensa mayoría de las provincias en las que operan ambas plataformas: la Inspección de Trabajo concluye que los 'riders' son empleados por cuenta ajena y no autónomos, por lo que levanta acta. De manera continuada, la Tesorería General de la Seguridad Social abre un procedimiento de oficio en el juzgado de lo social que corresponda para denunciar a la compañía y exigir los pagos pendientes por las cotizaciones sociales de todos esos repartidores.
Los primeros procedimientos ya se han ido resolviendo en esta primera instancia. El pasado mes de junio, dos juzgados de Valencia y Madrid concluyeron que existía relación laboral entre los 'riders' y la propia Deliveroo. Pero, según precisa fuentes de UGT -que se está personando junto a CCOO en cada uno de los procedimientos-, quedan pendientes más de una veintena. Los que están más próximos en el calendario son uno de Zaragoza -con más de 320 afectados-, que fue retrasado por la petición de más información; otro de Madrid -con más de 1.000 'riders', que deberán ser citados en las próximas semanas; y otro en Barcelona, que tendrá que celebrarse a principios de 2020.
Este procedimiento de oficio es una vía diferente a la que se ha ido tomando por profesionales particulares que han acudido a los tribunales ante un despido por parte de algunas de las plataformas. Su modalidad es masiva, pues incluye, en muchos casos, centenares de 'riders'. Y eso es, precisamente, lo que hace más complicada su gestión en los juzgados de lo social en los que están cayendo algunos de los casos. Según precisan desde UGT, está habiendo una dificultad evidente para notificarlos a todos estos afectados de manera individualizada.
Estos casos individuales sí que han generado mucha más controversia. Después de un puñado de sentencias en primera instancia, este verano llegaron las primeras de tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas. En concreto, vieron la luz dos: una en Madrid y otra en Asturias. Y ambas son contradictorias. En la primera -que tuvo un voto particular de uno de los magistrados- confirma que no existe relación laboral entre los repartidores, mientras que en la segunda dice lo contrario. La conclusión es que sigue sin haber un criterio jurídico claro.
Sin proceso en la Audiencia Nacional
A esa falta de unidad de criterio en los tribunales hay que sumar otra gran dificultad en todos estos procesos: los continuos cambios en el funcionamiento interno de estas plataformas. En casos como el último de Madrid, con más de 500 afectados, la sentencia que llegó en el año 2019 se basaban en una forma de organizarse internamente en 2017 que ya no estaba vigente y un contrato que ya se había eliminado.
Al margen de todas estas dificultades, desde UGT se ha tomado una decisión por los plazos que se están acelerando en los tribunales. Y es que el sindicato ha optado por desistir del procedimiento de conflicto colectivo en la Audiencia Nacional, que arrancó hace unos meses. La razón hay que encontrarla precisamente en esos tiempos. La organización quería llegar lo más rápido posible al Tribunal Supremo para que se creara jurisprudencia para todos los casos abiertos.
De hecho, se prevé que el primer recurso ante el Tribunal Supremo llegue en las próximas semanas y un primer auto (de admisión o de archivo) se produzca a lo largo de 2020. Antes de que tenga lugar, las empresas ya han promovido de manera individual y a través de su patronal Adigital la creación de una figura llamada Trade Digital. Es decir, un trabajador autónomo dependiente vinculado a estas compañías que mantiene un contrato mercantil con ellas pero que recibe algunas protecciones que hoy no se ponen en marcha para evitar más inspecciones. Entre ellas se encuentra el derecho a vacaciones, un salario mínimo, desempleo o formación.
La cuenta atrás ya ha empezado. El aluvión de juicios por las inspecciones recibidas por las compañías está a punto de llegar a los juzgados de lo social de muchas provincias españolas. Más de 14.000 'riders' están pendientes del resultado de esta particular batalla.
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