Las grandes compañías eléctricas tienen más competencia cada día. Sobre el papel, porque no todas operan realmente, hay más de 300 sociedades que compran y venden electricidad. En los últimos años, esa pléyade de pequeñas empresas ha logrado arrebatar a los mastodontes del negocio dos millones de clientes en el mercado libre. Pese a la cifra, todavía es un pequeño mordisco en un negocio de 28 millones de usuarios. Por eso, cualquier pequeño obstáculo puede ser una montaña para la competencia. Los pequeños mercaderes de la luz han encontrado uno de esos obstáculos en los impuestos que cobran los ayuntamientos. La polémica se encamina ya a Bruselas.
Todo gira alrededor del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Las pequeñas compañías intermediarias en el negocio eléctrico tienen que pagar a los ayuntamientos en los que tienen clientes. No importa el número de clientes y no importa si tienen o no tienen instalaciones. La polémica se arrastra desde hace dos años y se apoya en dos patas: el aval del Supremo para que los ayuntamientos cobren por la utilización del espacio público a las empresas propietarias de las redes eléctricas y la falta de concreción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en lo que se refiere a la compra y venta de electricidad.
Las dos patas han permitido a los ayuntamientos reclamar el pago de impuestos a las comercializadoras a pesar de que no son propietarias de redes y de que el IAE no tiene ningún epígrafe concreto para la comercialización de electricidad, aunque los municipios la incluyen en el apartado del impuesto para "productos no especificados". La ola, según fuentes de las comercializadoras, no ha dejado de crecer desde hace dos años. Las diputaciones gestionan esas cargas municipales y están reclamando a las empresas. Estas ponen el grito en el cielo...y en la UE.
Queja en la Comisión Europea
Fuentes relacionadas con la polémica explican que las quejas de las compañías que compiten con los gigantes del sector ya han llegado a la Comisión Europea. Aunque no detallan la forma que ha tomado esa queja dan por seguro que será atendida porque el pago de impuestos locales por la compraventa de electricidad va en contra de las directivas comunitarias.
También contraviene las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC); y las de la Comisión de Expertos de Financiación Local que en 2017 informó sobre la revisión del modelo de financiación local. Un informe de la CNMC, fechado el 7 de enero de 2018 analiza el caso de una comercializadora de electricidad a la que un ayuntamiento le aplicó el epígrafe 659.9 del IAE, que corresponde al comercio al por menor, con el respaldo de la Dirección General de Tributos (DGT)
Según explica el documento, la DGT respalda al municipio porque la actividad a la que más se asemeja la comercialización de energía eléctrica es la de comercio al por mayor o al por menor, a las que se puede aplicar cuota municipal. Frente a esa interpretación, la CNMC defiende que "la interpretación de la DGT podría suponer un límite a la actividad de comercialización. Y ello en la medida en que se limita la capacidad de algunas empresas para competir, al existir dificultades para la entrada de dichos operadores en ciertos municipios con poca población".
La solución de las 'telecos'
El supervisor recuerda además que situaciones similares a las de las pequeñas comercializadoras de electricidad también se dieron en el sector de las telecomunicaciones y se resolvieron. El informe detalla cómo: "En sectores regulados afines, como el de telecomunicaciones" sostiene la CNMC "los operadores móviles virtuales (OMV), que como los comercializadores de energía carecen de red propia, debiendo acceder a las redes de terceros, pagan una cuota nacional o, en su caso, provincial". Nada de recargos municipales.
La interpretación de los expertos en financiación local que reunió el Gobierno de Rajoy en 2017 también va en esa línea. En su informe asegura que "para evitar los costes de gestión que a los grandes comercializadores de servicios básicos les supondría darse de alta en todos los Municipios (...) y satisfacer cuotas municipales, la Comisión propone la asignación de las actividades de comercialización de servicios básicos de uso generalizado, al por mayor y al por menor, a grupos o epígrafes que contemplan cuotas nacionales".
Las pequeñas eléctricas se juegan el futuro. Las grandes comercializadoras todavía controlan el 89% de un mercado, el liberalizado, que se abrió en el año 2003. En los últimos años han tenido un crecimiento importante. Del 7,7% de cuota de mercado en 2016 han pasado al 11,2%. Su nicho de mercado son los hogares y las pequeñas empresas. Pelean por cada cliente, pero la disputa de negocio frente a las grandes compañías es muy desigual. Al menos, lo es todavía.
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