Los gobiernos están obligados a analizar distintos escenarios para solucionar problemas. Llegado el caso, la obligación implica ponerse en lo peor. En el año de la pandemia y en el sistema eléctrico, lo peor es que el desajuste entre ingresos y gastos llegue a provocar un roto de hasta 2.000 millones de euros. Es el escenario más grave, el de un rebrote de la Covid-19 en otoño y forma parte de los análisis que manejan el Gobierno y Transición Ecológica, según fuentes al tanto de los estudios.
El confinamiento y la paralización de la actividad económica de los dos últimos meses ya comprometía el equilibrio de las cuentas del año 2020 cuando no habían acabado los esfuerzos para cuadrar las del ejercicio anterior. Fuentes empresariales y de la CNMC apuntaban a un desfase de hasta 1.000 millones en el caso de un regreso escalonado a la normalización de la economía.
Pero hay otros escenarios. El peor contempla un rebrote de los contagios por coronavirus en otoño que obligue a restringir de nuevo la movilidad y el funcionamiento normal de las empresas, los pequeños negocios y los autónomos. En ese caso, el déficit en el sistema eléctrico puede llegar a los 2.000 millones que se convierte en presión para adoptar medidas con las que coser el desgarrón. Y no hay demasiadas alternativas.
Ministerios y propuestas
El Ministerio de Transición Ecológica no comenta los posibles escenarios. Fuentes del departamento explican que no es el único ministerio que hace propuestas para hacer frente a los problemas creados por la pandemia de coronavirus en la economía del país. Hay otros ministerios que contribuyen a diseñar los distintos escenarios.
Si no está claro qué hacer, está más claro qué no hacer. Las fuentes al tanto de los números que maneja Transición Ecológica sostienen que, al menos de momento, están descartados nuevos recortes al sector renovable. Cuestión de imagen y también de seguridad jurídica. El Gobierno aprobó en noviembre con el respaldo de todos los partidos, excepto PP y Vox que se abstuvieron, un Real Decreto para aclarar la retribución de 64.000 instalaciones de renovables entre 2020 y 2025.
Ajustes finos
Según lo aprobado, la retribución será del 7,398% para las plantas anteriores a 2013 y del 7,09% para las posteriores. La propuesta de orden para desarrollar la norma agitó al sector porque los nuevos parámetros conllevaban un recorte de en torno a 1.000 millones. Un ajuste fino para un sistema que no acaba de ajustar y que tiene pendiente de pago 16.000 millones de la deuda acumulada entre 1997 y 2012. Una carga que llegó a sumar 30.000 millones. Con pleitos por las renovables todavía pendientes, dar una nueva vuelta de tuerca en el sector no es imaginable.
Mientras se hacen planes, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el organismo encargado de cuadrar las cuentas en el sistema eléctrico, hace malabares para ajustar las liquidaciones del año 2019. De ellas depende la liquidez de las empresas. En abril, la CNMC recibió un ingreso inesperado procedente de Hacienda de 317 millones que ha servido para oxigenar la tesorería de las compañías con menos músculo. Pero la preocupación del sector no se disipa.
En el horizonte se adivina la revisión de la fiscalidad energética - los "impuestos verdes"- para evitar la vuelta al pasado con el aumento de la deuda eléctrica y nuevas titulizaciones. En la caja de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) hay 1.100 millones por los superávits eléctricos de años anteriores (ver gráfico). Pero con ellos hay que cubrir el desfase previsto en 2019, aún por cerrar, y el previsiblemente abultado de 2020. La manta no da para taparlo todo.
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