La policía federal de Brasil ha iniciado una nueva investigación sobre la petrolera estatal Petrobras, en busca de posibles contratos ilícitos firmados por el Banco Paulista que habrían supuesto el pago de "ventajas ilícitas" para al menos tres empleados de la compañía entre 2008 y 2011, dentro de la Operación Lava Jato.
Así lo ha comunicado la petrolera en un comunicado remitido al regulador brasileño, en el que indica que el valor del prejuicio causado a Petrobras por estas prácticas es de unos 18 millones de dólares (15,2 millones de euros).
"La compañía informa de que está colaborando activamente con las autoridades en los trabajos de investigación y otorgando los subsidios para la producción de pruebas que resultaron de esta operación", apunta la empresa.
La petrolera afirma que ha sido víctima de los delitos descubiertos en la que es una de las tramas de corrupción más grandes de América Latina.
Petrobras colabora con las investigaciones desde 2014 y ha actuado junto al Ministerio Público Federal y del Sindicato en 18 acciones de mala conducta administrativa en curso, además de ser asistente de fiscalía en 71 casos penales relacionados con hechos ilícitos investigados por la Operación Lava Jato.
La vergüenza de Brasil
La Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil, destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la petrolera Petrobras, llevando a la condena a más de 120 políticos y empresarios. De ellos destacan el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y los exjefes de las principales constructoras de Brasil, como Marcelo Odebrecht y Leo Pinheiro.
De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía, en las 49 etapas de la operación han sido dictadas 188 condenas contra 123 acusados, algunos de los cuales han recibido más de una condena, en su mayoría por el que fuera juez decimotercero federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro.
La operación destapó una red que involucraba a los ejecutivos de gigantes contratistas de Petrobras, a varios de los más altos funcionarios de la petrolera, mayor empresa de Brasil, y a decenas de políticos que amparaban las corruptelas.
La Fiscalía demostró que las constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse los contratos amañados de Petrobras que eran repartidos entre los dirigentes de la empresa y los políticos que utilizaban su influencia para mantenerlos en los cargos.
La Operación Lava Jato comenzó en Brasil en marzo de 2014, tras la detención de una veintena de personas, aunque las investigaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde puestos de lavado automático de coches (Lava Jato).
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