La multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer ha demostrado la pujanza de su aparato de ‘lobby’ en España con un evento por todo lo alto que reúne este lunes en el Palacio del Senado a lo más granado de la representación institucional del mundo de la sanidad en nuestro país. El motivo, encomiable en definición y objetivos básicos, no es otro que analizar la legislación contra el tabaco que se ha desarrollado en los últimos treinta años en nuestro país. Todo ello aderezado con la presentación de un estudio monográfico coordinado por dos insignes parlamentarios; uno actual como es el senador socialista José Martínez Olmos y otro antiguo en sus labores como ex diputado del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso que fue en su día Santiago Cervera.
La presentación del estudio ha sido respaldado por el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuyo secretario general Faustino Blanco preside el acto acompañado por el secretario primero del Senado, Luis Aznar y por el que fuera ministro de Sanidad del PSOE, Julián García Vargas. Junto a ellos, como no podía ser de otro modo, el director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez, en su calidad de patrocinador y firmante al pie de página de un trabajo en el que la multinacional apostilla que "no ha intervenido en sus contenidos".
A simple vista se ve que sus señorías, tanto Olmos como Cervera, se han trabajado con empeño un encargo que consta de más de 80 páginas destinadas a llamar la atención sobre la necesidad de preservar las políticas públicas llevadas a cabo contra la que se considera la primera causa evitable de enfermedad en España. El estudio aporta un análisis de la legislación aprobada durante las últimas tres décadas, empezando por el Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo en el que por primera vez se declaró al tabaco como un agente pernicioso para la salud y se daba prioridad a los derechos de los no fumadores.
La normativa desplegada desde entonces ha reducido paulatinamente el acceso al tabaco mediante la regulación de su venta, la imposición de exacciones fiscales específicas o la limitación de la publicidad. La consecuencia de todo este proceso ha sido un cambio radical en la actitud de los ciudadanos frente al tabaco facilitando que la lucha contra el hábito de fumar haya quedado totalmente fuera del marco de confrontación política. A día de hoy nadie está por la labor de derogar ninguna de las disposiciones que han posibilitado una limitación evidente del consumo, si bien la actual tasa en España es todavía superior a la media europea y se considera aún inaceptable, lo que exige proyectar nuevas medidas.
De acuerdo con los datos del informe hecho público en el Senado, el consumo diario de tabaco ha pasado del 32% en el año 2000 al 23% en 2014 y supone una de las principales causas de muerte prematura. El porcentaje neto de hombres fumadores es del 26% frente al 19% de mujeres, si bien en los últimos 25 años la proporción de hombres que fuma a diario ha caído cerca de 18 puntos, mientras que la de mujeres sólo lo ha hecho en dos puntos porcentuales. El tabaquismo en los adolescentes de 15 años se ha reducido notablemente pasando desde el año 2000 de un 28% a un 9% actual, lo que sitúa esta tasa entre las más bajas de Europa.
Las cifras son elocuentes y evidencian empíricamente que no existe margen para la discrepancia política. Sin embargo, la batalla verdadera, de carácter comercial, se despliega ahora en el terreno de lo que todavía queda por hacer, donde los intereses de los grandes laboratorios farmacéuticos se contraponen con las estrategias de adaptación al cambio que tratan de implantar las propias empresas tabaqueras. Estas últimas han asumido el desafío que ha impuesto la fuerza de la costumbre y tratan de introducir en el mercado otros elementos de consumo menos perniciosos y que ayuden a rebajar paulatinamente la adicción al tabaco.
Las tabaqueras apoyan sus planes con la convicción de que los métodos más saludables en la lucha contra el tabaco no facilitan la retirada repentina de su consumo y pocos son los fumadores empedernidos que pueden dejar de fumar de un día para otro sin caer más pronto que tarde en su antiguo tabaquismo. Las compañías farmacéuticas no reparan en medias tintas y tratan de forzar la máquina de los sistemas de salud para que sus productos sean impulsados con financiación estatal, amparados en las organizaciones médicas colegiales y en las opiniones de los profesionales de la sanidad que solicitan nuevas medidas frente al tabaco.
Los laboratorios juegan claramente con el terreno inclinado a su favor y no dudan en emplear toda su capacidad de influencia en los poderes públicos y también a nivel de la sociedad civil. La pretensión final no es otra que dirigir a las Administraciones Públicas de manera sutil para que renieguen de cualquier otra fórmula orientada a mitigar los daños del tabaco y renuncien a apoyar el análisis de soluciones alternativas como las que están siendo investigadas de un tiempo a esta parte por las propias compañías tabaqueras.
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