La Fiscalía pide 16 meses de cárcel al consejo de administración de la empresa Sniace de Torrelavega y al que fuera director de Operaciones, por la supuesta comisión de un delito medioambiental por vertidos contaminantes al río Saja entre 2008 y 2010.
El Ministerio Público acusa a estas personas de un supuesto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. La acusación se dirige contra ocho personas: el que fue director de Operaciones del grupo Sniace, José Francisco González Payno, y los miembros del consejo de administración.
La Fiscalía cree que en este caso concurre la atenuante de dilaciones indebidas y, según la información a la que ha tenido acceso Efe, en su escrito de calificación provisional solicita para cada una de estas personas 16 meses de prisión y 10 meses de multa con cuota de 20 euros.
Vertidos en el río Saja
A principios de este año transcendió que la Audiencia de Cantabria había atendido un recurso de Ecologistas en Acción y el Ministerio Fiscal, y que había acordado la imputación del consejo de administración de Sniace por un supuesto delito contra el medio ambiente, debido a unos vertidos realizados por la empresa al río Saja entre 2008 y 2010.
La decisión de la Audiencia revocaba un auto anterior de un Juzgado de Torrelavega que eximía de responsabilidad al consejo de administración compuesto, entre otros, por el que era presidente, Blas Mezquita, y los consejeros cántabros Jesús Manuel Zaballa y Manuel Huerta.
Según se detallaba en el auto de la Audiencia, los vertidos se habían producido sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Norte y presentando altos niveles de conductividad, sólidos en suspensión, carbono orgánico total, nitrógeno total, cobre, zinc, plomo, selenio y magnesio disueltos.
Ecologistas en Acción aseguró en su denuncia inicial que este vertido se produjo "contraviniendo la normativa protectora del medio ambiente", y destacó los "especialmente nocivos" metales pesados arrojados al río, al afectar a la cadena trófica con riesgo de afectación del ecosistema fluvial y la salud de las personas.
Por su parte, el auto de la Audiencia señalaba que los integrantes del consejo de administración manifestaron su desconocimiento de los hechos, derivando cualquier responsabilidad hacia el director de Operaciones por tratarse de decisiones de carácter técnico ajenas a ellos.
Pero la Audiencia consideró que el director de Operaciones no tenía autonomía para obrar por sí solo al margen del consejo, y que éste último era necesariamente consciente de la gravedad de los hechos.
Además, resaltó que en ese mismo período se había estado tramitando otro procedimiento penal contra el exconsejero ejecutivo de Sniace Miguel Gómez de Liaño, que fue condenado en abril de 2010 por delito ambiental exactamente por vertidos previos similares.
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