Los pilotos de TAP desconvocan la huelga tras acercar posturas con el Gobierno luso

Los pilotos de la aerolínea portuguesa TAP desconvocaron este miércoles la huelga que habían anunciado para Semana Santa, entre el 7 y el 10 de abril, después de que el Gobierno ratificase un acuerdo alcanzado con la empresa para mejorar sus condiciones laborales. El Sindicato de los Pilotos de la Aviación Civil (SPAC) informó de que dio marcha atrás con la paralización después de que los ministerios de Finanzas e Infraestructuras lusos diesen luz verde a la propuesta, que ya había sido aprobada por la administración de la aerolínea.

El Estado portugués es el accionista único de TAP, por lo que, sin su ratificación, las medidas recogidas en el acuerdo no se podían aplicar. El documento acuerda integrar a pilotos despedidos "frente a la necesidad de contratación y retención de talento" y el pago a los oficiales pilotos con funciones de comando en crucero y del día de servicio de asistencia en el aeropuerto y los simuladores, entre otras medidas.

TAP ya había sufrido una huelga de los tripulantes de cabina los días 8 y 9 de diciembre de 2022, que llevó a la cancelación de 360 vuelos, con 50.000 usuarios afectados y un impacto financiero para la compañía de unos 8 millones de euros. La aerolínea es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, aunque pretende reprivatizarla.

Tras volver a los beneficios 

El grupo hispano-británico IAG -matriz de Iberia, British Airways y Vueling-, Air France y Lufthansa ya han manifestado interés en este proceso y el Gobierno portugués ha anunciado que pretende mantener una posición en el accionariado para defender los intereses "estratégicos" del país. TAP cerró 2022 con beneficios de 65,6 millones, el primer resultado positivo en cinco años. El Gobierno cesó este mes a la consejera delegada de TAP, Christine Ourmière-Widener, y al presidente del consejo de administración, Manuel Beja, tras detectar irregularidades en una indemnización pagada a una exadministradora.