Los fondos Pimco y Anchorage han recurrido ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la decisión del Tribunal Federal del Distrito Sur de denegarles la petición de información o 'Discovery' de Santander sobre la resolución de Banco Popular y su posterior compra al simbólico precio de un euro, según fuentes cercanas a los demandantes consultadas por Europa Press.
El juez de EEUU Edgardo Ramos dictaminó el pasado 19 de octubre que la filial Santander Investment Services (SIS), su bróker dealer estadounidense, sí debía revelar esta información, pero denegó la petición de 'Discovery' para las entidades Banco Santander SA, Santander Holding USA y Santander Bank NA.
La decisión de negar el 'Discovery' a tres de las cuatro sociedades se sustentó en que solo SIS tenía su domicilio en Nueva York, por lo que el juez Ramos consideró que el tribunal no tenía jurisdicción sobre el resto.
Pimco y Anchorage, representados por el despacho Quinn Emanuel, han presentado un recurso de apelación contra este fallo y han pedido que se una a la ya presentada por el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle, cuyas demandas al mismo Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York fueron rechazadas.
Las apelaciones de los demandantes plantearán al tribunal estadounidense si la actividad de Banco Santander en Nueva York es suficiente para establecer que la entidad "reside o se encuentra" en el Distrito Sur de Nueva York y el hecho de residir en un distrito implica que una entidad está sujeta a la jurisdicción local.
En su demanda inicial, los afectados defendían, entre otros motivos, que los directivos de Santander se reunieron con analistas e inversores en la ciudad de Nueva York los días posteriores al proceso de resolución con el objetivo de explorar diferentes vías de financiación para la compra de Popular, por lo que podría haber también información clave en las filiales del país.
Sin embargo, Santander se defendió señalando que todas estas supuestas actividades del banco en Nueva York tuvieron lugar después de que la resolución ya hubiera sido adoptada y, por tanto, "no arroja luz sobre la decisión de los reguladores de llevar a cabo tal proceso".
A los dos fondos representados por Quinn Emanuel se unió también Algebris en la petición de documentación relevante -entre los tres perdieron alrededor de 850 millones de euros con la resolución de Banco Popular-. En concreto, solicitaron información sobre diversos aspectos de la resolución, como las valoraciones de Popular realizadas por Santander, la documentación relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) y las comunicaciones entre los presidentes de ambas entidades relativas al proceso de negociación.
Más frentes abiertos
El grupo de bonistas tiene otros frentes abiertos en la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Junta Única de Resolución (JUR), si bien no todos los fondos están personados en todos los procedimientos.
De su lado, el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle y autodenominado MIG, compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión, registró pérdidas de 470 millones de euros con la resolución de la entidad. Además del procedimiento legal en Estados Unidos, presentó dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución y posterior venta de la entidad incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).
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