Domingo, 16.06.2019 - 23:37 h
Más restricciones

El Gobierno da la espalda a la CNMC y no unificará la normativa de pisos turísticos

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, afima que se creará una definición de este tipo de alojamientos pero no será obligatorio su uso.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver.
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver. / L.I.

El Gobierno da la espalda a la CNMC y no va a poner sobre la mesa la petición del regulador de unificar todas las normativas en una única estatal. Este mismo martes, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha remarcado en el seno del Grupo de Trabajo sobre Viviendas de Uso Turístico que se trata de un proceso "jurídicamente muy complejo" y que "el Gobierno no va a entrar en competencias de las comunidades autónomas"

De esta manera, tira por tierra las recomendaciones del regulador que hace apenas unos meses aconsejaba fundir las diferentes en una sola. De hecho, la propia ministra del ramo, Reyes Maroto, anunciaba antes de verano la intención de eliminar el "batiburrillo" legal en torno a este tipo de propiedades. Pero más allá de este cambio, el próximo mes de octubre se llevará a cabo una reunión con José María Marín Quemada, presidente del regulador, para trasladar la opinión de las comunidades. 

La primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Viviendas de Uso Turístico que se lleva a cabo durante este martes y miércoles tiene como objeto llegar a un consenso de mínimos sobre la definición de este tipo de alojamientos, señalan fuentes del ministerio. Una vez tomadas en cuenta todas las sensibilidades -comunidades autónomas, Federación de Municipios y Provincias, asociaciones de vecinos, hoteleros y varias plataformas como Airbnb y Homeaway- se dará a las autonomías la posibilidad de adoptarlas. Pero sigue siendo "una competencia de las comunidades autónomas", ha señalado la secretaria de Estado. 

El Gobierno se enfrenta por tanto ahora a sus propias palabras y solo influirá en el mercado a través de la modificación de dos leyes. Por un lado, la Ley de Arrendamientos Urbanos a través de la cual redefinirán el concepto de "alquiler de temporada" con una propuesta que lo delimita a aquel que se realiza por periodos mínimos de 7 días consecutivos y con un máximo de 45 días anuales.

Por otro lado, se ha propuesto por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para rebajar de la unanimidad a los tres quintos de los votos y el coeficiente la mayoría necesaria para prohibir o limitar la presencia de viviendas de uso turístico en su comunidad. 

De todas formas, ambas propuestas no son más que eso, meras sugerencias que deberán ahora ser aprobadas. Lo que sí parece claro es la creación de un "registro estatal único de vivienda turística" que tiene como fin dotar de una seguridad jurídica a ambas partes de la transacción. Estos apuntes podrán ser utilizados por las comunidades para comprobar si se está cumpliendo su propia normativa. 

Las líneas rojas de Airbnb

Los agentes que trabajan en este sector también tendrán voz en esta Mesa de Trabajo. Airbnb, una de las mayores plataformas de alquiler de viviendas turísticas, ha marcado unas líneas rojas de lo que considera aceptable en las negociaciones con la administración y ha incluido, entre otras, la creación del prometido registro estatal. "Creemos que un sistema simple y claro facilita el cumplimiento de las normas y permite a las ciudades o las regiones obtener la información que necesitan para hacer cumplir las reglas de manera efectiva, en lugar de endurecerlas y castigar a miles de personas responsables", señalan desde Airbnb.

En este aspecto, la plataforma rechaza las regulaciones que impiden alquilar las casas por habitaciones y considera que la economía colaborativa está ayudando a muchas familias a llegar a final de mes. Además, defiende que se trata del único actor que facilita el pago de una tasa turística a través de la que ya ha recaudado casi 600 millones de euros en todo el mundo. "Facilita que los gobiernos obtengan ingresos adicionales y que muchas ciudades pueden llevar a cabo, gracias a estos ingresos, políticas públicas que contribuyen a un turismo sostenible", señala la plataforma en alusión a las palabras de la ministra Reyes Maroto sobre la necesidad de este tipo de viajeros. 

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