El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) releva a su auditor. Tras cinco años de la mano de Mazars para revisar sus informes financieros, el organismo público ha desbancado a su socio durante los últimos ejercicios y ha decidido contratar ahora a PKF Attest. La firma de servicios será la encargada de realizar la auditoría externa de las cuentas anuales del FROB y del Fondo de Resolución Nacional de 2021, 2022 y 2023. Cuando finalice el periodo inicial, podrá valorarse su prórroga hasta 2025. Por estos trabajos se embolsará 130.317 euros (impuestos incluidos).
Mazars pujó por hacerse de nuevo con este contrato, si bien quedó excluido por no haber presentado su oferta con los criterios evaluables automáticamente mediante fórmulas dentro del plazo establecido en el anuncio del proceso de licitación. Esta licitación no ha sido acogida con gran interés entre los expertos auditores. La mesa de contratación verificó que la oferta que podía ser analizada era la de PKF, convirtiéndose en el único licitador que continuó en el procedimiento. Esta firma también se ha hecho con varias contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como el de asesor financiero para validar el rescate de hasta 40 millones de euros a Ferroatlántica.
El importe de la oferta de PKF, además, resulta más que 'jugoso' para el FROB, ya que es más de tres veces inferior a lo que estaba dispuesto a pagar por su auditoría externa. El organismo presidido por Paula Conthe acordó que no estaba incursa en presunción de anormalidad, ante lo que no procedió a requerir una justificación sobre el bajo nivel con el que presentaba su oferta. El Fondo público había estimado este contrato en unos 425.000 euros, por lo que se ahorrará más de 294.680 euros. El FROB estableció este precio de justo después de considerar los habituales del mercado y en base a su experiencia previa.
La empresa tendrá que emitir un informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre la fiabilidad de la información económico-financiera deducida de los documentos contables examinados, indicando si las cuentas anuales del ejercicio correspondiente expresan o no, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo, así como verificar que los que contiene el informe de gestión concuerda con la incluida en las cuentas anuales de cada uno de los tres años para los que ha sido contratado.
En marcha la próxima semana
El plan de trabajo consiste en una fase preliminar que dará el pistoletazo de salida en el mes de noviembre. PKF tendrá que iniciar desde la próxima semana un estudio de campo sobre los últimos estados financieros disponibles, que serán los finalizados el 30 de septiembre o posteriores. Este periodo deberá finalizar, como máximo, el 15 de enero del ejercicio posterior a auditar. En el mes de abril desarrollará la fase final, teniendo en cuenta que la fecha límite de aprobación de las cuentas anuales por parte de la Comisión Rectora del FROB es el 30 de junio y que previamente a su visto bueno deben ser presentadas al Comité de Auditoría del Fondo.
Eso sí, antes de iniciar la fase preliminar en cada uno de los ejercicios a auditar, PKF tendrá que reunirse con el FROB para planificar y remitir un plan de trabajo con la información solicitada por cada área a analizar. Está obligado a comunicar al organismo de forma inmediata, tan pronto como lo conozca, de cualquier resultado de auditoría que por sus características pueda dar lugar a la inclusión de salvedades por incumplimiento, limitación al alcance o incertidumbres en el informe, así como de cualquier incidencia relevante. El objetivo de este aviso es que se puedan adoptar las medidas necesarias para proceder a su corrección antes del cierre definitivo.
En el último Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno estima que el FROB se anotará pérdidas de 42,13 millones de euros en 2021 y de 8,56 millones de euros el próximo año. Ya en 2020 sus cuentas se tiñeron fuertemente de rojo. Firmó un agujero de 3.639 millones de euros, casi 13 veces por encima de las de 2019, como consecuencia del deterioro registrado tras la operación de fusión entre CaixaBank y Bankia, que supuso un impacto negativo en su cuenta de resultados de 3.556 millones de euros.
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