Fomento ha empezado a ejecutar el plan de carreteras de 1.000 millones que tirará de la colaboración público-privada durante este ejercicio. Y todo ello, en plena precampaña electoral para las municipales que se avecinan en próximo mes de marzo -con la posibilidad de que se adelanten las generales con los últimos hechos que rodean a los presupuestos-. Los primeros pasos que ha dado el Ejecutivo se han basado en someter a información pública el estudio de viabilidad de las obras de dos tramos de la A-7, la Autovía del Mediterráneo.
De esta forma, el Estado pondrá en manos de la empresa privada el conjunto de las actuaciones sobre un tramo concreto de la vía, uniendo la ejecución, conservación y explotación del mismo. Por ello, el Ejecutivo puede llevar a cabo obras concretas sin disponer del dinero para ejecutarlas, ya que de la financiación se encargará el sector privado.
En concreto, todos los tramos se localizan en la Región de Murcia. Se trata de las partes de la vía que se encuentran entre Crevillent y Murcia, en el que se construirá el tercer carril, y entre esta misma ciudad y Alhama. Del mismo modo, la concesión de obras de esta última parte también incluye la autovía MU-30 en Alcantarilla.
Según ha señalado el secretario de Estado, Pedro Saura, este mismo miércoles en un evento sobre la financiación de infraestructuras en el Consejo General de Economistas, este nuevo plan se ajusta en mayor medida que el del gobierno anterior -el que había preparado De la Serna y que estaba dotado con hasta 5.000 millones de euros- "a la ley de contratos del sector público y es más acorde" a las necesidades de este tipo de equipamientos.
De hecho, según sus palabras, las actuaciones del ministerio se harán con el fin de "buscar estabilidad a través de la colaboración público-privada que reparta riesgos de manera equilibrada" para no ser rechazadas ni por la sociedad ni por el parlamento. En varias ocasiones, estos dos agentes han repudiado los diferentes métodos que han utilizado Gobiernos de ambos colores por las implicaciones políticas que podían tener.
Es el caso de la concesión de la AP-66, que se relicitó a través de un contrato que aumentaba su gestión por parte de Itínere hasta el año 2050. Las críticas se levantaron tanto en el Congreso -por parte de los partidos de la oposición- como en la calle, ya que diversos grupos de ciudadanos se quejaron del plazo por el que el Ejecutivo del PP les había "condenado" a pagar peajes.
Otro de los puntos importantes de este plan que anunció hace apenas unas semanas José Luis Ábalos, pasa por la reducción del periodo de las concesiones hasta los diez años como máximo. De este modo, se salvaría el problema del ejemplo anterior y, tal y como argumentan desde el ministerio, se reduce la incertidumbre financiera que pueden causar este tipo de proyectos.
Del mismo modo, dentro de este nuevo proyecto, el Ministerio de Fomento también ha detallado que las nuevas expropiaciones necesarias para la construcción de nuevas vías -en caso de que se trate de construcción- serán abonadas por la propia entidad y dejarán de ser objeto del estado, como lo eran hasta este momento. El Ejecutivo de Sánchez arguye que el lanzamiento de este nuevo plan para sustituir al anterior supone una mejora en cuanto a las condiciones económicas, ya que elimina las posibilidades de aumentar el coste final de las obras.
La puesta en marcha de este anunciado plan, pese a hacerse con dinero de las empresas privadas, en este momento del año no parece casual. Las elecciones municipales del próximo 26 de mayo están a la vuelta de la esquina y la amenaza del 'superdomingo' se cierne sobre esta fecha.
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