El VII Plan General de Residuos Nucleares (PGRR) elaborado por la empresa pública Enresa y enviado al Gobierno en marzo no será aprobado este ejercicio y, muy probablemente, tampoco en 2021. El Plan que debe sustituir al vigente, del año 2006, suma retraso sobre retraso. Es la pieza clave en el proceso de desmantelamiento de centrales nucleares pactado con las compañías eléctricas entre 2027 y 2035 pero aún no ha pasado ni el primer escalón. El Ministerio de Transición Ecológica trabaja un un "documento de alcance" sobre el borrador del plan, que tendrá que ir acompañado de un Estudio Ambiental Estratégico, como establece la Ley Ambiental de 2013. A los meses de tramitación pendientes hay que sumar el filtro del Consejo de Seguridad Nuclear(CSN).
El nuevo plan de residuos tiene que ser evaluado e informado por el CSN de forma obligada. No es un proceso rápido. Llevará entre seis y ocho meses en el mejor de los casos, según apuntan fuentes del supervisor. La suma de los trámites pendientes lleva el horizonte de aprobación del nuevo PGRR hasta el año 2022. El retraso se valora de forma muy distinta según se trate del Gobierno o del Consejo.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que los planes para gestionar los residuos de las centrales acumularon años de retrasos en etapas anteriores -Gobiernos del PP- por lo que la demora actual no es excesiva. Otras fuentes destacan, sin embargo, que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de Transición Teresa Ribera consideró el PGRR como una pieza clave de gestión en el sector energético desde que comenzó a tener responsabilidades de gobierno, primero en funciones y luego de forma plena, hace ya más de dos años.
Más de 40 años
El borrador elaborado por el equipo de Enresa que dirige el exconsejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, es clave para encauzar el cierre de las centrales nucleares pactado. Según lo acordado por eléctricas y Gobierno, el cierre de instalaciones será escalonado. Se desarrollará entre 2027 y 2035, lo que supone una horquilla temporal amplia: seguirán funcionando más de 40 años, pero menos de 50. Es un proceso complejo y caro. La asociación Foro Nuclear calcula que la gestión de residuos y clausura de instalaciones costará en torno a los 19.000 millones de euros.
El departamento de Ribera tiene que sopesar las propuestas centrales de Enresa. La más importante es decidir si construye un almacén de residuos temporal centralizado (ATC) para 2028 y si apuesta por una instalación geológica permanente en el horizonte de 2073. En 2018, el Ministerio de Transición Ecológica paralizó la construcción del almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca) que había sido aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 con mucha polémica y con un presupuesto de más de 1.000 millones.
El Gobierno tiene que mover ficha para decidir si se mantiene la estrategia de única instalación centralizada, o se opta por varios emplazamientos,una posibilidad que también recoge la documentación que acompaña al VII PGRR. En estos momentos, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. El problema es que el sistema está al límite. Las piscinas están ocupadas en casi un 86% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40%.
Un problema caro
Es un problema caro. Gestionar ese material ha costado, sólo entre 2010 y 2016, un total de 1.326 millones, según informes del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará. Para afrontarlo, Enresa prevé, entre otros puntos, aumentar un 20% la tasa que pagan las eléctricas para gestionar los residuos -de 6,69 euros/Mw a 8,08 euros MW-, además de resucitar el ATC para abaratar el coste de gestión de los desechos. Con las nuevas tasas, el fondo total que se prevé acumular asciende a unos 23.000 millones hasta 2100, y desde 1985, el año que el Estado comenzó a recaudar a las propietarias de centrales.
Pese a los retrasos en la tramitación de la estrategia de residuos, hay una buena noticia. Bruselas, que amenazó a España con sanciones por no elaborar un plan adecuado, ha parado el reloj, según explican fuentes conocedoras del proceso. La presentación del nuevo PGRR se ha hecho al límite. España ha sobrepasado el ultimátum de dos meses que dio Bruselas en noviembre de 2019 para presentar un plan ajustado a los requisitos comunitarios, pero puede salir bien parada.
Los planes para impulsar el apagón nuclear y las fórmulas para financiarlo inquietan también a los municipios que reciben ayudas por su cercanía con centrales nucleares y almacenes de residuos. Los representantes de los 60 municipios agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), con cerca de 40.000 habitantes, han llevado sus inquietudes ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y ante Enresa. La empresa pública ha pagado a los municipios cercanos a las centrales nucleares más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios