La multinacional del aluminio Alcoa no reacciona a los mensajes de los Gobiernos -el central y los autonómicos de Asturias y Galicia- para dar marcha atrás en el cierre de las factorías de Avilés y A Coruña. Ni siquiera el anuncio de un futuro Estatuto de Consumidores Electrointensivos para reconocer "las particularidades de aquellos consumidores industriales eléctricos con un elevado uso de la electricidad" convence a la empresa. Alcoa plantó el miércoles en Madrid a los representantes de Industria y de las administraciones asturiana y gallega. El ERE que amenaza el empleo de 700 trabajadores sigue adelante.
El ambiente es de pesimismo. Fuentes del Ejecutivo asturiano admiten que las medidas anunciadas recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica para favorecer a la gran industria en la futura Ley de Cambio Climático no llegarán a tiempo para ganar el pulso a Alcoa. Quizá, sólo quizá, podrían servir para quien estuviera interesado en adquirir las plantas condenadas de la multinacional estadounidense. Pero por ahora, no hay interesados.
Lo único real que hay en estos momentos es un gran enfado de la parte española que negocia el futuro de Alcoa. La prueba fue el comunicado hecho público por el Ministerio de Industria -el de Transición Ecológica no estuvo en la reunión-. La declaración conjunta de Administraciones y sindicatos reprocha a Alcoa "la nula voluntad negociadora" de la empresa, a la que insta a retirar el ERE extintivo que ha presentado.
Para el Gobierno, la decisión de Alcoa es un golpe duro tras los anuncios de cierres y ERES de otras conocidas empresas como Vestas, Isowat, Cemex o La Naval. Para las zonas afectadas es todo un mazazo. Como destacaban medios gallegos, en A Coruña existe la amenaza de tres grandes cierres en apenas unos kilómetros.
Una vieja reivindicación
La conmoción causada por Alcoa animó al Gobierno a anunciar que la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética recogerá una vieja reivindicación de las grandes empresas consumidoras de energía como es el estatuto de gran consumidor de energía eléctrica.
Las referencias son Alemania y Francia. Ambos países disponen de figuras legales que les permiten favorecer a su industria sin vulnerar -en principio-las normas de Bruselas contenidas en las "Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y Energía 2014-2020". Son esquemas de reducciones o compensaciones de costes para la industria, en casi todos los conceptos de la factura eléctrica.
Esos conceptos son los peajes por transporte y distribución, los costes de financiación del desarrollo de las energías renovables -incluidos también en los peajes-, los impuestos (eléctrico y municipal), la interrumpibilidad y la compensación de costes indirectos del CO2.
En Epaña, lo más parecido son las subastas de interrumpibilidad, que se mantienen. El pasado año, el apoyo a la gran industria a través de las subastas costó 525 millones. En los últimos diez años, el coste asciende a 4.400 millones. Para Alcoa, ese apoyo no parece haber sido suficiente. En el comunicado en el que anunció el cierre de factorías, el precio de la electricidad era uno de los factores que había tenido en cuenta. Aunque no el único.
Apoyo ¿insuficiente?
Para Alcoa, ese apoyo no parece haber sido suficiente. En el comunicado en el que anunció el cierre de factorías, el precio de la electricidad era uno de los factores que había tenido en cuenta para tomar la decisión. Aunque no el único. La multinacional ha sido la principal adjudicataria de contratos de interrumpibilidad. Ha cobrado anualmente entre 130 y 140 millones de euros del sistema eléctrico por comprometerse a desconectarse de la red en caso de sobrecarga. La misma ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, precisó que la multinacional recibía sistemáticamente el 30 % de la subasta de interrumpibilidad.
Las tradicionales quejas de la gran industria no se limitan a los precios de la electricidad. La industria química, cerámica, de alimentación, siderúrgica y papelera se quejan también por el elevado precio del gas. Las grandes empresas explican que consumen el 60% del gas que consume el país y pagan por el 4.700 millones anuales. Demasiado dinero, según au análisis. El presidente de GasIndustrial, Javier Esteban, reclama para sus socios, entre otras medidas, menos costes regulados, nuevas tarifas de peajes y más conexiones con Europa para abaratar costes. Todos a una.
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