A Daiwa y Deloitte

Contratación no publica la licitación del informe que avala el rescate a Plus Ultra

Ambas compañías firmaron un acuerdo marco con SEPI y forman parte del grupo de asesores del fondo de rescate. De los 24 contratos que se han publicado para asesorarías, ninguno es con Daiwa ni Deloitte.

Plus Ultra
Plus Ultra recibió hace casi un mes una ayuda pública de 53 millones. 
Pixabay

El pasado 9 de marzo el Consejo de Ministros daba luz verde al salvavidas público para Duro Felguera y Plus Ultra, dos de los rescates más polémicos que se han estructurado a través del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para empresas estratégicas. En cambio, más de dos semanas después, el Portal de Contratación en el que deben quedar reflejados los diferentes contratos que se firman por parte de la administración pública, no refleja aquellos que se habrían firmado con Daiwa y Deloitte, las dos consultoras que según el Gobierno emitieron los informes que avalan la concesión de la ayuda a la aerolínea de capital venezolano.

Dicho portal recogía a fecha del pasado viernes un total de 24 contratos que se derivan de los acuerdos marco firmados hace ya varios meses con una veintena de asesores legales y otros tantos económico-financieros. Cada vez que una compañía solicita la ayuda del citado fondo dotado con 10.000 millones de euros, los asesores de ambas ramas presentan ante la SEPI una oferta para realizar dicha tarea y el mejor postor se queda el contrato. Estos 24 contratos que son públicos se corresponden con 12 operaciones de rescate diferentes pero en ninguno de ellos el adjudicatario es Daiwa o Deloitte. 

A día de hoy solo se han aprobado cuatro rescates: Air Europa, Duro Felguera, Ávoris -que salvó la fusión con Halcón Viajes- y el polémico salvavidas de Plus Ultra. Cada una de ellas ha contado con un asesor financiero y uno legal que han sido contratados específicamente para esta tarea. A continuación se pueden observar la lista de contratos que se han adjudicado por parte de la SEPI a raíz del acuerdo marco firmado hace unos meses. 

El rescate de 53 millones de euros que SEPI dio a Plus Ultra lleva semanas en el foco de la polémica por su vinculación con Venezuela pero el informe de viabilidad convenció al equipo gestor del fondo que depende del hólding público. La aerolínea que enlaza Caracas con Madrid y Tenerife cuenta con socios venezolanos aunque su domicilio está radicado en España y está participada principalmente, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, por Welcoming Internacional SL y Snip Aviation.

De acuerdo con los mismos datos, la segunda de estas sociedades está participada por Rodolfo José Reyes Rojas, un empresario vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Reyes es además, según la misma documentación, el presidente de la firma y está acompañado en el consejo de la compañía por otros dos empresarios del país caribeño, Roberto Roselli Mieles y Raif El Arigie Harbie. Los tres llegaron a la aerolínea en 2017 y solo unos meses después Plus Ultra comenzaron las operaciones con Venezuela.

Plus Ultra supone apenas el 1% de las conexiones aéreas en España y emplea a unos 260 trabajadores 

Estos lazos con Venezuela han puesto el foco sobre el rescate y partidos como el PP o Vox han interpelado al Gobierno en varias ocasiones al respecto de los criterios de concesión de la ayuda a una empresa que no consideran estratégica. En concreto, Plus Ultra representa solo el 1% de las conexiones aéreas en España y en 2019, último año del que hay datos, ocupaba la posición 166 por tráfico aéreo en todo el país. Además, el número de trabajadores que ocupa también pone en duda su carácter estratégico, ya que se trata de unos 260. 

La ministra de Hacienda y responsable última de la SEPI, María Jesús Montero, justificó hace unos días la operación en base a que se trata de una de las 20 aerolíneas españolas con licencia tipo A, "compañías esenciales para el sostenimiento" del 'hub' del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al tiempo que señalaba que cumplía con los requisitos exigidos. Los populares han pedido una comisión de investigación en el Congreso y el diputado Mario Cortés llegó a catalogar la concesión de "escándalo", asociándolo al "amiguismo y fraude". 

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