El rescate a Plus Ultra como empresa estratégica sigue en duda. Luis Garicano, diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, ha revelado este martes las alegaciones presentadas ante Bruselas en su denuncia contra la ayuda concedida a Plus Ultra por parte del Gobierno a través del macrofondo de 10.000 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, más conocida como SEPI.
Apoyado en un documento de 22 páginas y más de 50 alegaciones, Garicano ha puesto negro sobre blanco las contradicciones del rescate de 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra. Los principales puntos que el Gobierno debería aclarar es por qué consideró a la empresa como estratégica o la falta de proporcionalidad de la ayuda concedida.
Pero el punto central y novedoso de la investigación llevada a cabo desde Europa está en la concesión a Plus Ultra de un préstamo participativo por valor de más de seis millones de euros desde la empresa panameña Panacorp Casa de Valores SA. “Fue simulado”, ha afirmado el propio Garicano en un encuentro con los medios de comunicación.
Este préstamo previo a la crisis del coronavirus — se concedió el 22 de diciembre de 2017 como ordinario y el 22 de marzo de 2018 pasó a ser participativo — fue clave para desbloquear el balón de oxígeno de la SEPI, que en sus requisitos exige a las empresas que reclaman su amparo no haber perdido más del 50% de su capital social en el último año previo a la crisis sanitaria.
En este sentido, el informe del asesor financiero defendía que las pérdidas acumuladas de Plus Ultra a diciembre de 2019 ascendían a 13,4 millones de euros, mientras que los fondos asimilables al capital eran de 25.5 millones euros. Esto situaría a la mitad del capital social en 9,6 millones y, por tanto, las pérdidas acumuladas solo habrían hecho desaparecer el 37% del capital social suscrito y no el 50% como requeriría la definición legal de “empresa en crisis”.
Estos cálculos, no obstante, merecen una atención más detenida para Garicano. Si no se asimilara el préstamo participativo de la panameña Panacorp, la compañía sí cumpliría el criterio de empresa en crisis. “Deduciendo los 13,4 millones de pérdidas acumuladas hasta esa fecha únicamente de la cifra de capital social — 19.2 millones de euros —, quedarían 5.8 millones de euros, lo que equivale al 30,31% del capital social, muy por debajo del 50% requerido por la definición legal”, asegura la documentación presentada ante Bruselas.
La incongruencia, según ha defendido Garicano, es que, pese a que el préstamo participativo apareciese en el balance formando parte del pasivo y no del capital de la empresa ni de su patrimonio neto, las autoridades españolas decidieron de manera deliberada incluir el préstamo participativo como fondos de la empresa asimilables a su capital social, para así poder efectuar con éxito el cálculo relativo a la definición de “empresa en crisis".
La denuncia se encuentra todavía en fase de alegaciones por las partes. Se prevé que la Comisión Europea dará turno de réplica para que el Gobierno responda a las acusaciones recibidas. No hay una estimación clara para saber cuándo se resolverá.
Nivel de recuperación del tráfico
Otro de los avales de Plus Ultra para recibir la ayuda fue demostrar que podría hacer frente a las devoluciones del préstamo de la SEPI. En este sentido, la compañía aportó un Plan de Viabilidad con supuestos "poco creíbles", sobre todo teniendo en cuenta las previsiones económicas regionales y sectoriales del tráfico aéreo.
Mientras Plus Ultra alegaba que recuperará los niveles de actividad previos al coronavirus (los de 2019) en 2022, las estimaciones de organismos como la Dirección General de Aviación Civil y Eurocontrol consideran que “los niveles de tráfico de 2019 no se alcanzarían hasta 2024 en el escenario más optimista. Esta recuperación, incluso, se podría retrasar a 2026 en el escenario más pesimista.
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