El PNV y el PSOE han acordado incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 una partida de 50 millones de euros para financiar un "Plan Renove Máquina Herramienta". El dinero, incluido en la partida de "Reconversión y reindustrialización" saldrá de los fondos del Ministerio de Industria. En concreto, según la enmienda aprobada la pasada semana en la ponencia de Presupuestos del Congreso, 30 millones procederán de la partida de compensaciones por el CO2, 10 millones de los fondos de construcción naval y otros 10 de la empresa pública Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) dedicada al apoyo de pymes y autónomos.
La enmienda es una de las 85 presentadas por el PNV con el objetivo, según la formación, de impulsar la economía y proteger la industria y el empleo en un contexto de crisis económica. Además de los fondos para el Renove de maquinaria industrial, los seis votos nacionalistas reclaman el descarte de una subida de impuestos al diésel, un aumento de las partidas destinadas a la mejora de infraestructuras del transporte y portuarias, mejoras en el ámbito de la Formación Profesional Universitaria, inversiones en I+D y en energías renovables, además de un abanico de proyectos culturales y municipales.
Los fondos del Renove de maquinaria son importantes para el País Vasco en una doble vertiente: la de los beneficiarios del programa -el tejido de pymes con actividad industrial- y la de los fabricantes de máquina herramienta. La región concentra el 90% del sector en España. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado la importancia de esta actividad en el País Vasco, a la que el Ejecutivo vasco considera un "referente" en innovación y "pionera" en la apertura a mercados exteriores.
Cambio de cromos
En principio, el cambio de cromos en las partidas presupuestarias no tiene por qué afectar a las ayudas por compensaciones de CO2 que esperan otros sectores como la industria electrointensiva. Fuentes empresariales recuerdan que en el borrador de presupuestos, además de 91 millones para rebajar los costes de la factura eléctrica de grandes industrias, también se recogen otros 109 millones en ayudas compensatorias por las emisiones indirectas de CO2. Y esperan que se mantengan.
El PNV siempre ha jugado bien sus bazas en el Congreso. Lo hizo con los Gobiernos del PP, cuando sacó réditos de su apoyo a la Ley Eléctrica de 2013 y lo hizo en 2018 con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando logró modificaciones en el abanico de tarifas de acceso a la red eléctrica que beneficiaban especialmente a las empresas vascas. En concreto, el Gobierno accedió a eliminar la tarifa 6.1B para crear una nueva 6.2 que se aplica a las empresas que trabajan con entre 30 kV y 72,5 kV. Una rebaja que supuso para las pymes del País Vasco de en torno a 100 millones de euros.
Ese trato favorable a las demandas del PNV para las empresas de la comunidad de los Gobiernos del PP y del PSOE levantó ampollas en otras autonomías. En Cataluña, la asociación de la pequeña y mediana empresa Pimec criticó lo que consideraba un trato de favor injustificable. Llovía sobre mojado porque ya en 2015 Competencia reprochó al Ministerio de Energía de Rajoy sus concesiones al PNV al crear una nueva tarifa, la 6.1b, para abaratar costes a las empresas de la comunidad.
Roces con Bruselas
Las modificaciones en las tarifas de acceso también provocaron roces del Gobierno con la Comisión Europea y con la CNMC. Bruselas nunca ha visto con buenos buenos ojos que el Gobierno meta la cuchara en el guiso de la factura eléctrica con fines electorales y/o políticos. En 2013, Bruselas abrió una investigación a España por los manejos del poder ejecutivo con el recibo de la luz y en 2016 llegó a abrir un procedimiento de infracción.
Ahora le toca al CO2. La directiva europea 2018/410 establece que "los Estados miembros pueden utilizar hasta el 25% de los ingresos generados por las subastas para compensar a empresas e industrias". Con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo aún el aire, lo cierto es que los ministerios de Transición Ecológica y de Industria no han cerrado todavía unas ayudas que dependen de la negociación presupuestaria.
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