Primeros movimientos para renovar los organismos reguladores de la actividad económica. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elegido a Cani Fernández como candidata para sustituir a José María Marín Quemada al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC), el llamado supervisor mayor del Reino. A su vez, este mismo martes, el Consejo de Ministros propondrá el nombre de otros cuatro miembros del consejo de este organismo en el que Unidas Podemos tomará importantes posiciones, adquiriendo carta de naturaleza su llegada a las instituciones más importantes que controlan los principales sectores productivos sometidos a regulación estatal. Carlos Aguilar, experto en el mercado audiovisual y próximo a En Comú Podem es el elegido por el socio de Gobierno de Pedro Sánchez.
Los candidatos que acompañarán a Aguilar y a Fernández en la CNMC serán Ángel Torres, exsecretario de Política Económica en la etapa de Pedro Solbes; Pilar Sánchez, que trabajó en la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Josep Sala, que fue el elegido por ERC en du día para formar parte del comité de expertos en energía que reunió el exministro Álvaro Nadal en el Gobierno de Rajoy.
Punto crucial será quién presidirá la sala de regulación, cargo hasta ahora desempeñado por la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, designada por el Partido Popular en 2013 y que también saldrá de la institución tras vencer su mandato el pasado mes de septiembre. Torres coincidiócon la saliente María Fernández en la secretaría de Política Económica. La presidencia de esta sala es crucial, pues vela por el orden, el control y el buen funcionamiento de todos los sectores de la actividad económica, entre los que destacan el energético, el de los transportes y el de las telecomunicaciones, con importantes retos por delante.
En las últimas semanas, miembros de Podemos ya se han incorporado a consejos de administración de empresas privadas, como es el caso de Cristóbal Gallego, asesor de la formación morada, que forma parte del máximo órgano de Enagás de la que el Estado ostenta un 5% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los candidatos que se nombrarán este martes dejarán claro el aterrizaje del partido que encabeza Pablo Iglesias en los reguladores, un paso realmente trascendental para el control de las instituciones.
Al lado de los representantes de UP, estarán también profesionales designados por el propio PSOE, que hasta el verano de 2017 no contaba con representación en el organismo. Además, y como ya señaló La Información, será nombrado otro consejero a instancias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El representante catalán será Josep María Salas Prat, quien ya fue elegido por la formación republicana para formar parte del comité de expertos sobre la reforma energética que reunió el exministro Álvaro Nadal en el Gobierno de Rajoy. Salas sustituirá así a Josep Maria Guinart, consejero saliente que fue designado en 2013 por la cuota catalana que entonces ostentaba la desaparecida CiU.
Durante la tarde de este lunes, las conversaciones entre el Gobierno y los diferentes partidos se han sucedido tratando de negociar el resto de plazas que quedarán vacantes en el organismo. Según ha sabido La Información, el Partido Popular se ha quedado sin ningún representante en la nueva terna que saldrá mañana del consejo de ministros. Génova, según las fuentes consultadas, no ha tenido oportunidad de negociar con el Ejecutivo la posibilidad de 'colocar' a ningún candidato. En la institución se queda únicamente María Ortiz, propuesta por el PP en los inicios de la andadura de la actual Competencia, pero sin vinculación directa con el partido.
El nombramiento como candidata de Cani Fernández llega casi nueve meses después de que vencesiese el mandato del actual presidente del organismo, Marín Quemada. El periodo de seis años en el cargo del exconsejero del Banco de España terminó, al igual que el de su vicepresidenta, María Fernández, y otros tres consejeros -el ya citado Guinart, y los designados por el PP, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdés-, el pasado mes de septiembre. Desde entonces desarrollan su trabajo desde una posición de interinidad que ha obligado a gestionar aspectos trascendentales, sobre todo en el sector energético, durante los últimos meses.
El PSOE no quiso estar en la institución en su creación
Cabe recordar que todos los mandatos vencidos pertenecen a profesionales propuestos en el momento de creación de este organismo, en el año 2013, por parte del entonces Gobierno de Mariano Rajoy. El entonces PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba decidió, no sin críticas, renunciar a contar con representantes o designar a profesionales para ocupar los máximos cargos del supervisor ante el por entonces recién conocido 'caso Bárcenas'. Es ahora el Partido Popular el que puede quedar en la misma situación, sin representación en el regulador durante los próximos seis años, lo que les dejaría sin voz ni voto para las próximas dos legislaturas en un órgano tan importante para la reconstrucción y el desarrollo industrial de los próximos años.
Esta situación puede sentar un precedente a la hora de tomar decisiones políticas en otros ámbitos, como la citada y recién nacida Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, que busca consenso para sacar adelante soluciones para paliar la crisis de la Covid-19. La exclusión de los populares de los nuevos nombramientos de la CNMC puede escenificar una ruptura de hecho de cualquier pacto de reconstrucción. Si no existe un acuerdo para incorporar a la oposición en este movimiento de sillas, será difícil sacar adelante planes que deben ser supervisados por los propios consejeros que ahora se nombrarán.
A partir del acuerdo del Consejo de Ministros de este martes existe un plazo de un mes para que la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados apruebe la idoneidad de los candidatos, lo que permitiría que, con una mayoría absoluta, la oposición pudiese rechazarlos, algo que se antoja difícil. Las modificaciones que se llevan tiempo esperando en esta institución son las primeras que se desarrollarán por parte del Gobierno en los reguladores, pero no las únicas. También está pendiente la renovación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo presidente, Sebastián Albella, y vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, finalizan su mandato el próximo mes de octubre, aunque en este caso pueden ser renovados por cuatro años más.
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