Podemos está haciendo de la vivienda uno de sus principales caballos de batalla. Apenas unos días después de que entrara en vigor el Real Decreto que regula el nuevo Plan de Vivienda, desde la formación morada se habla de ir más allá y no solo dar ayudas a quien más lo necesite, sino también poner los cotos que, a su criterio, son necesarios para regular esta situación. Así, además de querer limitar el precio del alquiler y aumentar la vigencia mínima de los contratos, el partido de Pablo Iglesias está trabajando en una propuesta para limitar las comisiones que las agencias inmobiliarias cobran por sus servicios.
"Se trata de solucionar una de las causas por las que a determinados colectivos les cuesta tanto acceder a la vivienda. Muchos jóvenes tienen que hacer frente a unos avales inasumibles, varios meses de fianza y, además, pagar a la agencia aunque no hayan contratado sus servicios. En el campo de la compra, por otra parte, fomentan la especulación porque a mayor precio, mayor es la tajada que sacan. Por lógica, siempre van a intentar hinchar el precio lo máximo posible. Y al final, el que paga el pato es el que menos tiene", comentan fuentes de Unidos Podemos.
Según la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, la comisión por la venta de una vivienda se sitúa en el 3% del precio final, aunque varía en función de que la vivienda sea de obra nueva o de segunda mano, cuando suele elevarse al 5%. También influyen otros factores como según los precios de la zona o si la casa está ubicada en la costa, en cuyo caso puede alcanzar el 6%. En los alquileres normalmente se abona una mensualidad y comisiones se cobran cuando ya se ha cerrado la operación. Según fuentes del sector, en Madrid, por ejemplo, estas comisiones se sitúan en torno a los 16.000 euros de media en el caso de las compraventas.
Actualmente, no existe una ley que regule los topes mínimos y máximos ni unas condiciones a las que enfrentarse en estos casos. "No se puede permitir que se especule de esa manera con un derecho fundamental. Todavía estamos trabajando en una propuesta, pero se baraja establecer una cuota no vinculada al precio de la vivienda para evitar que se hinchen los precios y que, en su lugar, se pague como cuando se contrata cualquier otro servicio. Es una medida que exigirá consenso y se abrirá un proceso de consulta con los agentes sociales vinculados como se ha hecho siempre, especialmente cuando presentamos nuestra propuesta de Ley de Vivienda, apoyados por la PAH", continúan estas fuentes de la formación.
En este sentido, son muchas las start-ups inmobiliarias que se han ganado su nicho de mercado precisamente eliminando las comisiones y cobrando entre 800 y 3.000 euros por seis meses de servicio, lo que supone un ahorro mínimo de media de unos 13.000 euros. Este nuevo modelo de negocio que utiliza la tecnología como principal herramienta y supone una seria competencia para el mercado inmobiliario tradicional, ya que están consiguiendo niveles de inversión durante su primer año superior al millón de euros, como el caso de Housell, a la vez que se están convirtiendo en el principio del final de los intermediarios en los procesos de compraventa, así como de las comisiones y los contratos de exclusividad.
La API pide acabar con el intrusismo
Por su parte, el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ha reiterado su petición de que se redacte una ley sobre intermediación inmobiliaria en España, reclamación histórica del sector que quedó liberado y desregularizado en el segundo mandato de Aznar, en el año 2000. Para la API, de nada sirve asegurar la transparencia en la obtención del préstamo hipotecario “si se deja desamparado al ciudadano en la fase previa, cuando se negocian todas las condiciones y se plasman por escrito". "Cuando una compraventa llega al notario todas las condiciones están atadas y comprometidas en una fase anterior, en la que no hay ninguna legislación y el consumidor está totalmente desprotegido", argumenta José Luis Polo, vocal del Consejo General de API.
Sin embargo, la reforma que proponen desde la API dista mucho de la introducida por Podemos. En el primer caso, se trataría de garantizar que el comprador disponga de la suficiente información para realizar una compra segura, tal como, la superficie real, las cargas administrativas, la situación urbanística… así como acabar con el intrusismo profesional. "Es inconcebible que se asegure la transparencia de un negocio accesorio, el crédito hipotecario, y se abandone la regulación expresa de la transparencia del negocio principal, la compraventa de la vivienda”, concluye Polo.
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