Podemos está haciendo de la vivienda uno de sus principales caballos de batalla. Así, además de querer limitar el precio del alquiler y aumentar la vigencia mínima de los contratos, la formación morada aporta ahora nuevas medidas para aumentar el parque de pisos destinados a fines sociales. En su proposición de Ley sobre emergencia habitacional en familias vulnerables, apuestan, entre otras ideas, por obligar a la cesión obligatoria de su vivienda a aquellos particulares que no la habiten durante diez años o aumentar los impuestos para quienes no ocupen su domicilio.
Así, la proposición de Ley determina que "se establecerá un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas vacías, desocupadas de forma permanente y sin causa justificada por un periodo de más de seis meses, ubicadas en todo el territorio del Estado español". Pese a que en el texto no se especifica a cuánto ascendería la subida de este impuesto, fuentes de Podemos confirman que podría llegar a duplicarse, en el caso de que el piso tenga un alto nivel de demanda habitacional.
Además, desde la formación detallan que solo se entenderá por causa justificada "el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por situación de dependencia, el abandono de la vivienda en zona rural en proceso de pérdida de población y que la casa sea objeto de litigio judicial pendiente de resolución".
Avalado por el Constitucional
Esta medida va en consonancia con la ya aprobada en 2012 por el Gobierno foral de Bildu. La norma dio a los ayuntamientos la posibilidad de establecer un recargo en el IBI sobre las viviendas vacías, que podía llegar hasta el 150%, y que, desde su aprobación, ha sido implantada por medio centenar de ayuntamientos guipuzcoanos. La polémica fue tal, que la Ley llegó al Constitucional a finales del año pasado.
El Alto Tribunal fue claro y no solo avaló la norma, sino que afirmó que el recargo tenía perfecto encaje legal, gozaba de seguridad jurídica y no era contrario a los principios de capacidad económica e igualdad del régimen tributario. Por tanto, si se llegara a aprobar la proposición de Ley de Podemos sería complicado iniciar cualquier tipo de recurso legal, al ya estar la cuestión resulta en los tribunales al más alto nivel.
Por otro lado, para aumentar el parque de vivienda social, el equipo de Pablo Iglesias propone que sea obligatoria la cesión para aquellas viviendas propiedad de grandes tenedores o gestionadas por un gran tenedor que hayan recibido subvenciones públicas y que estén más de 20 años vacías, plazo que se reduce a los diez años en el caso de que pertenezca a un particular.
Además, también deberán cederse aquellos edificios de titularidad privada que hayan permanecido sin uso y vacíos durante un plazo de un año. Por su parte, la Sareb deberá entregar el 100% de sus inmuebles y en el caso de que cualquiera de las viviendas estuviera ocupada por personas en exclusión residencial, se deberá regularizar su situación por medio de un contrato de alquiler social ajustado a sus ingresos.
Curiosamente, el punto referido a los grandes tenedores contrasta con los Presupuestos Generales alternativos que elaboró la formación liderada por Pablo Iglesias con la participación del economista Nacho Álvarez y que presentó a finales de enero. En ellos, se afirmaba que "se pondrán a disposición del alquiler social hasta 120.000 viviendas de grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas) que lleven al menos dos años cerradas mediante una cesión del uso del inmueble desocupado a cambio de un precio de compensación a los propietarios". La actual proposición de Ley identifica como grandes tenedores a quienes posean más de cinco viviendas, pero amplía el tiempo desocupado a los veinte años y elimina la compensación a los propietarios.
Desde el partido morado aseguran que este tipo de medidas son necesarias debido a la baja tasa de viviendas destinadas al alquiler social. "En España no alcanza el 2% del total, cuando la media de la UE está entre el 15% y el 18%. Las ayudas al pago del alquiler son escasas y vinculadas a la disponibilidad presupuestaria, y las políticas públicas estatales de vivienda han renunciado a la introducción de medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de inmuebles, que es de un 14% del total de viviendas. Como consecuencia de ello, el Estado español presenta el porcentaje más elevado de viviendas vacías de Europa y los más reducidos de vivienda social", critican, a la vez que recuerdan que en España hay 25,2 millones de casas, uno de los ratios más altos de vivienda por habitante de la UE.
El PSOE todavía no ha querido pronunciarse sobre si apoyará o no finalmente la Ley en el Congreso, pese a que sí se mostró favorable con determinados aspectos de la norma, sobre todo los relativos a limitar las subidas del precio del alquiler. No obstante, ambas formaciones podrían encontrar muchos puntos de unión. En su programa sobre vivienda, los socialistas pedían "impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores, prioritariamente, la Sareb y las entidades financieras, que no estén cumpliendo su función social, de manera que se incorporen mecanismos legales que obliguen a que los inmuebles residenciales desocupados propiedad de estas grandes tenedoras pasen a formar parte del parque público de alquiler", a semejanza de la proposición de ley de Podemos.
Fuentes socialistas desvelan que presentarán enmiendas al texto, pese a que todavía, dicen, deben estudiarlo en profundidad para ver en qué puntos pueden confluir. "Estamos abiertos a debatir cualquier propuesta que mejore la vida de los ciudadanos, plantearemos nuestras enmiendas a este Ley e iniciaremos un proceso de diálogo. Es evidente que la política de vivienda del actual Gobierno es ajena a la realidad de miles de españoles, sobre todo jóvenes, que ven cómo sus bajos salarios les impiden acceder a una vivienda digna. Es algo es debemos revertir", concluyen.
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