¿Por qué las hipotecas con IRPH son más caras que las que dependen del Euribor?

Los préstamos hipotecarios vinculados a la evolución del IRPH (Índice de Referencia de Precios Hipotecarios) son más caros que aquellos cuyo valor de referencia es el Euríbor. En concreto, según los cálculos de la asociación de consumidores Asufin, los clientes bancarios con una hipoteca variable ligada al primero de estos índices han pagado de media unos 165 euros de más al mes desde el años 2004, lo que se traduce en un quebranto de casi 25.000 euros durante los últimos 15 ejercicios, pero ¿por qué?

El IRPH es un índice que publica mensualmente el Banco de España e indica el precio medio al que los bancos y las antiguas cajas de ahorro están concediendo sus préstamos hipotecarios a más de tres años para la compra de vivienda libre, según la información que remiten las entidades al supervisor, algo que ha provocado que se acuse al sector de haber manipulado el índice.

Desde un primer momento, el IRPH se ha situado por encima del Euribor -que, en cambio, se calcula a partir del precio medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí-, lo que las entidades compensaban con un menor diferencial a la hora de comercializar estas hipotecas. No obstante, la brecha entre ambos índices comenzó a ampliarse de forma significativa a partir de la crisis financiera. El Euribor caía de manera vertiginosa ante las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el IRPH, por el contrario, subía.

Mira también

Alerta roja sobre el dividendo de la banca ante un quebranto millonario por el IRPH

¿El motivo? Ante las perspectivas de una recesión económica sin precedentes y teniendo en cuenta que el entorno de bajos tipos de interés podría perdurar en el tiempo (lo que perjudica el negocio típico bancario), a finales de 2012 y comienzos de 2013, las entidades españolas subieron, de forma significativa, el precio de sus nuevas hipotecas, lo que (como se ve en el gráfico) elevó el IRPH y acabó provocando una avalancha de reclamaciones por parte de los clientes que había suscrito este producto, que vieron cómo sus cuotas, en vez de bajar, llegaron incluso a subir.

La polémica terminó en el Tribunal Supremo, que dio la razón a la banca al asegurar que la "mera referenciación a un tipo oficial como es el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad", aunque la decisión no fue adoptada de forma unánime. Ahora el asunto ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá pronunciarse sobre si el modo en el que los bancos comercializaron hipotecas con IRPH fue transparente o no. La Abogacía del Estado también ha defendido la validez del IRPH, al ser un dato oficial y público de cuya gestión se ocupaba el propio Banco de España.

Sea como fuere, este martes 10 de septiembre le ha llegado al turno al abogado general de la UE, una suerte de fiscal comunitario cuyas conclusiones, en la mayoría de ocasiones (dos de cada tres), coinciden con las del TJUE. Está mucho en juego para el sector financiero, que en la actualidad mantiene hipotecas vinculadas a este índice por importe de algo más de 17.000 millones de euros, de acuerdo a la información publicada por los bancos.

El Banco de España cree que la sentencia final de Europa, que llegará para finales de año o principios de 2020, es uno de los mayores riesgos para el conjunto de entidades, al nivel de la incertidumbre económica global y al anómalo escenario de bajos tipos de interés. Y es que la institución que preside Pablo Hernández de Cos calcula un impacto negativo de hasta 60.000 millones de euros, se acuerdo a un informe confidencial del supervisor remitido a La Moncloa.

El banco de inversión más influyente de Wall Street, Goldman Sachs, en cambio, sitúa el golpe entre 5.000 y 44.000 millones de euros y advierte de que CaixaBank y Sabadell son las entidades que más tendrían que perder en el peor de los escenarios, mientras que KBW, otro banco de inversión de Nueva York, rebaja el impacto hasta poco más de 3.000 millones, una incidencia en cualquier caso superior a la de las cláusulas suelo y que compromete el dividendo que las entidades tienen previsto repartir entre sus accionistas durante el ejercicio 2019.