Génova ha convertido la energía en su principal caballo de batalla de cara a las próximas elecciones. Así se desprende del 'Plan de Rescate Energético para Familias y Empresas' que el Partido Popular envió este lunes a Moncloa. El paquete de medidas que defiende el principal partido de la oposición recupera una tarea pendiente para el Gobierno. La reforma de la factura regulada, conocida en la jerga como PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), que la Comisión Europea exigió a Pedro Sánchez y Teresa Ribera como condición para aprobar la 'excepción ibérica'. El plan de choque de los 'populares' mete presión al Ejecutivo a dos semanas para que se agote el plazo concedido por Bruselas.
"La reforma del PVPC debería estar lista el 1 de octubre". Es la fecha a la que hizo referencia el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, este lunes, cuando desgranó ante los medios las casi cincuenta páginas del paquete de propuestas que la formación envió ayer a Moncloa. La formación ha contado con decenas de expertos ajenos al partido para la elaboración del plan que aún se encuentra abierto al debate.
La reforma de la tarifa regulada lleva un año sobre la mesa de Transición Ecológica. El departamento que dirige Teresa Ribera sacó a consulta pública este asunto hace casi un año. Los sujetos involucrados contaron con apenas dos semanas para presentar alegaciones, entre el 1 y el 22 de octubre de 2021. Desde Transición Ecológica aseguran a La Información que los trabajos al respecto están "bastante avanzados", pero no detallan el plazo exacto que baraja el ministerio para su aprobación definitiva de la reforma.
Al PVPC están adheridos más de 10 millones de clientes en España, según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de diciembre de 2021. Esta tarifa se configura como un precio dinámico indexado completamente al mercado mayorista eléctrico (pool en la jerga). Históricamente, se había consolidado como la opción más competitiva frente a las tarifas del mercado libre, donde las eléctricas suelen cobrar un plus por ofrecer a sus clientes un precio fijo independiente de los altibajos del pool.
La desorbitada subida de precios en el pool al calor de la guerra en Ucrania ha dado un vuelco a la tendencia. La primera consecuencia ha sido un trasvase sin precedentes de clientes del PVPC al mercado libre -hasta 1,25 millones- en 2021. España se comprometió ante Bruselas a tomar cartas en el asunto y reformar antes de un año la estructura y metodología de cálculo del PVPC. Lo hizo en el marco de la negociación del tope al gas que Sánchez y su homólogo portugués, Antonio Costa, cuya aprobación arrancaron a la Comisión Europea el pasado marzo y que en nuestro país entró en vigor el 15 de junio.
La propuesta en la que trabaja el Gobierno es muy similar a la medida que ha incorporado el PP a su plan energético. El cambio en el que trabaja el Ejecutivo busca reducir la volatilidad del PVPC referenciando el precio de la futura tarifa regulada a una cesta de productos energéticos a plazo. La nueva indexación se haría de forma progresiva. Al principio, la actual referencia del mercado diario mantendría un mayor peso en la ecuación para después ir cediendo terreno a la citada cesta de futuros.
La reforma que propone el PP es muy similar a los cambios que perfila el Gobierno, pero deja al consumidor más margen de elección
La medida incluida en el plan de choque del PP, al que ha tenido acceso este medio, parte de la misma base, pero difiere en la autonomía del cliente. "Se propone como una alternativa la ampliación de la capacidad de elección de los consumidores que se acojan al contrato regulado, de forma que pueda optar por un precio variable determinado por el mercado spot como hasta ahora, o por otro sistema que ofrezca un aseguramiento determinado por el precio a distintos plazos en los mercados de futuros a varios años".
El Gobierno prevé tramitar la reforma del PVPC vía real decreto. El principal partido de la oposición se ha propuesto apretar al Ejecutivo para que cumpla con los plazos acordados con Bruselas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, envió ayer una carta al presidente del Gobierno en la que sacaba pecho de algunas medidas defendidas por su partido, como la rebaja del IVA del gas del 21% actual al 5% que el Ejecutivo ha acabado asumiendo tras meses de debate. Feijoó mostró su disposición a aclarar y negociar la implantación de las propuestas incluidas en las más de cuarenta páginas del plan de choque diseñado por los 'populares'.
Alcanzar el acuerdo de Estado al que alude Génova será difícil. El plan del PP carga contra algunas de las medidas estrella de Moncloa, como el tope al gas. Otras de las propuestas de los 'populares', como la simplificación fiscal del recibo de la luz -frente a la "sobre recaudación derivada del incremento de los precios"- dista del empeño del Gobierno de aprobar un impuesto adicional a las eléctricas.
La medida más destacada de la propuesta 'popular' es el plan de incentivos al ahorro energético mediante bonificaciones progresivas, en forma de rebajas en la factura para aquellos clientes que reduzcan su consumo. Las eléctricas serían las encargadas de fiscalizar el ahorro de sus clientes, a los que Hacienda compensará por sus esfuerzos. Juan Bravo cifró en alrededor de 2.900 millones el coste para el erario público. Está por ver si el Ejecutivo se pliega a esta y otras actuaciones que anticipan un importante sobreesfuerzo para las arcas públicas.
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