El PP estudia bajar la factura de la luz sufragando los costes regulados vía PGE

El Partido Popular está fraguando su programa electoral para las elecciones generales del 23 de julio y se plantea recuperar una medida que viene defendiendo desde la oposición años atrás. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que si consigue llegar a La Moncloa una de las primeras medidas que tomará como presidente del Gobierno será para rebajar la factura de la luz de pequeños consumidores y empresas utilizando los más de 6.000 millones de superávit que el sistema eléctrico registró en 2022.

En este sentido, los populares piensan ya en ir un paso más allá y, según fuentes cercanas a la formación, su plan energético incluiría como medida traspasar a Presupuestos Generales del Estado (PGE) los costes regulados de la tarifa eléctrica para aliviar la carga al consumidor final. El PP ya lo intentó en 2021 registrando en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para sacar de la factura las anualidades correspondientes a la deuda del sistema eléctrico y los extracostes derivados de la activación de la energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados en los territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

En concreto, planteó que todo el pago de la deuda del sistema eléctrico, entre 2.500 y 2.600 millones de euros al año (intereses incluidos), según sus cálculos, corriera a cargo de Presupuestos durante tres años. También propuso trasladar los costes derivados de los territorios no peninsulares, que actualmente se financian entre Presupuestos y el sistema eléctrico y suponen un coste de entre 700 y 800 millones de euros por ejercicio. 

Impuesto a la generación

Además, esta reordenación del recibo podría complementarse con la supresión en la práctica del Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE), que los populares buscan llevar del 7% actual al 0% para 'adelgazar' la factura de los consumidores entre unos 1.500 y 1.600 millones de euros. Este impuesto está actualmente suspendido desde junio 2021 y con el fin de no socavar las cuentas del sistema eléctrico por la menor recaudación, el Ejecutivo realizó dos aportaciones (de 1.360 millones de euros y 1.917 millones de euros) que salieron de los Presupuestos. El gravamen fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para hacer frente a hacer frente al déficit tarifario. El PP presentó la proposición a principios 2021, en plena escalada del precio de la electricidad, justificando la reforma para abaratar la factura pero también adaptar el diseño regulatorio a cambios estructurales de los mercados de energía. 

Los costes regulados o fijos atienden a impuestos obligatorios en materia de tasas, peajes o regulaciones estatales, y suponen entre el 55% y el 60% del valor total de la factura. Entre ellos se encuentran la potencia contratada (cuanto más potencia, más se paga), el peaje de acceso (cantidad fija en función del consumo de energía), el alquiler de equipos (este se puede eliminar si el usuario compra su propio contador), los incentivos a las renovables, las retribuciones a Red Eléctrica y a OMIE (operador del mercado). Además, desde abril del año pasado, el bono social es asumido por los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como por los consumidores directos en mercado. Hasta entonces, lo asumían las comercializadoras (que luego trasladaban a los clientes). 

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Por su parte, el déficit de tarifa puede ser considerado también un coste fijo. El sistema eléctrico español acumula una deuda de alrededor de 10.000 millones de euros (a los que hay que sumar intereses), según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "Se ha producido un superávit (del sistema eléctrico) de más de 6.000 millones y hay que usarlos para bajar la deuda, que está en 10.000 millones, así automáticamente los españoles ya no vamos a tener que pagar en el recibo la cuarta parte de lo que debíamos", dijo Feijóo la semana pasada durante su intervención en la 38 reunión del Cercle d'Economia.

En 2022 se amortizaron 1.783 millones de euros de la deuda histórica del sistema eléctrico, cuyo pago está previsto que finalice en 2028. La deuda del sistema eléctrico español comprende tres categorías de derechos de cobro: el derecho de cobro asociado al Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), que representaba el 84,1% del importe total pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2022; el derecho de cobro del déficit de 2013, que suponía el 15,4%, y el déficit ex ante, que se saldará antes del 18 de junio de 2023. La anualidad estimada de los derechos de cobro correspondientes a la deuda del sistema eléctrico es de 2.354 millones de euros para el curso actual, un 2,23% inferior a la de 2022. Sobre esta cantidad se añadirán los ajustes derivados de amortizaciones de bonos del FADE, que se estiman en 27 millones.