Estaba cantado: la polémica renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de febrero, con mayoría del PSOE e incorporación del ecologista Fracisco Castejón a propuesta de Unidas Podemos, no iba ser pacífica. Y no lo ha sido. El PP, que recurrió el cambio del organismo ante el Supremo, ha decidido ir al choque en el primer asunto sensible que ha analizado el supervisor nuclear. El único consejero popular, Javier Dies, se ha opuesto a la decisión de la mayoría de revertir los cambios que relajaron los procedimientos de control de fallos en las centrales en el año 2015, bajo la presidencia de Fernando Marti (PP). La Comisión de Energía del Congreso aprobó en junio de 2018 una resolución que instaba al CSN a revertir aquel cambio de criterio.
La nueva mayoría del CSN ha aprobado cumplir con la resolución del Congreso y primar la clasificación habitual y más objetiva de los incidentes, denominada escala INES. La escala puntúa los sucesos del 0 al 7 (siendo el 0 una simple anomalía sin riesgo para la seguridad y el 7 un accidente de consecuencias extremas. Es un regreso a la normalidad que se quebró en 2015 cuando el consejo del CSN, controlado entonces por Fernando Martí relajó los criterios.
Lo que aprobó el pleno que presidía Marti fue ampliar los supuestos que directamente se clasificaban de nivel 0 en lugar de nivel 1, que ya es un incidente y no una mera anomalía o desviación. Tras la reforma de hace cuatro años, se consideraron automáticamente como fallos de nivel 0 todos aquellos que, aunque estuvieran incumpliendo las especificaciones técnicas de funcionamiento (ETF) de las instalaciones, hubieran pasado inadvertidos para las compañías eléctricas titulares de la central nuclear.
La réplica, en las actas
Según las actas públicas del CSN, la réplica a las posiciones de Dies (PP) la dio el consejero Castejón, nombrado a instancias de Unidas Podemos (Acta 1.486 de 10 de julio). Castejón aseguró ante el pleno que el cambio aprobado en 2015 "dejaba sin calificar sucesos relevantes para la seguridad, que merecían ser conocidos por la opinión pública y tenidos en cuenta por el titular". En opinión de Castejón, con los cambios "se clasificaban directamente como nivel 0 los incumplimientos de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETFs) [menos rigurosas que la escala INES] siempre que el titular [la empresa propietaria de la central] manifestara desconocer la situación de incumplimiento".
Castejón añadió que la relajación aprobada en la etapa de Marti "es como si multan a un conductor por conducir a mayor velocidad que el límite y este alegue (sic) que no es consciente de ello". En su opinión "el desconocimiento de haber superado algún límite debería ser un agravante" al mostrar que el titular no es capaz de conocer el estado de sus instalaciones "lo que implica un riesgo adicional".
El primer cuerpo a cuerpo de la nueva mayoría del CSN con el representante del PP, no olvidó tratar uno de los capítulos más polémicos del mandato de Marti: el cese fulminante de Rodolfo Isasia, entonces Jefe del Área de Experiencia Operativa y Normativa del CSN por oponerse, precisamente, a los cambios en la clasificación de incidentes, según destacaron en su momento las organizaciones sindicales.
El hombre clave
En su intervención ante el pleno, Castejón no mencionó su nombre -al menos no consta en el acta-, pero sí defendió su labor. "[Rodolfo Isasia] Era y sigue siendo considerado un experto en la materia" aseguró Castejón, que atribuyó el comienzo de la controversia [con las normas y con Isasia] con la llegada "del anterior Director Técnico de Seguridad Nuclear [Antonio Munuera]" que introdujo los cambios en las notificaciones de incidentes "mediante una orden escrita".
Munuera, jubilado en diciembre de 2018, fue un hombre de confianza de Martí en el CSN. Apenas 14 días después de anunciar su retirada oficial, la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), propiedad de la SEPI (60%) y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (40%) anunció su fichaje como director de la fábrica de uranio de Juzbado (Salamanca). El paso desde un organismo regulador a una empresa regulada tras 35 años en el CSN levantó una importante polvareda. Hubo protestas de las organizaciones sindicales, que acusaron a Munuera de haber contribuido "de manera fundamental" a la pérdida de transparencia del organismo.
Enusa llegó a explicar que la Oficina de Conflicto de Intereses (Ministerio de la Función Pública) no ponía inconvenientes a la contratación de Munuera y este cumplía con todos los requisitos, pero el nombramiento como director de Juzbado no llegó a producirse nunca. En todo caso, el eco de las decisiones que Marti y Munuera aplicaron en el CSN está muy lejos de desaparecer. Entre otras cosas porque el PP parece dispuesto a defender su legado por polémico que parezca.
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