La crisis de la luz también se ha colado en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. A través del paquete de enmiendas parciales a las cuentas públicas del Gobierno de coalición que el Partido Popular registró en el Congreso el pasado viernes, la formación que lidera Pablo Casado ha puesto el foco en el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a quien los 'populares' exigen que tome cartas en la escalada de la electricidad y, en concreto, que realice las acciones necesarias para monitorizar el impacto de la subida de la luz en el bolsillo de los consumidores, poniendo especial atención, en la cesta de la compra.
Las enmiendas 3 y 4 del Partido Popular, a las que ha tenido acceso La Información, se dirigen al departamento que pilota Garzón. La primera exige al Gobierno que incluya en los PGE una partida para la "creación y puesta en marcha de mecanismos de control, seguimiento e información pública sobre el impacto en los consumidores de las subidas en los precios de la factura eléctrica, en los precios de los servicios al consumo (autovías, bancos...), en los precios en la cesta de la compra, en los combustibles (gas, butano, gasoil, gasolina...)".
En la enmienda 4, el principal partido de la oposición exige incluir en la ley de Presupuestos una partida destinada a la ejecución de campañas informativas y formativas que faciliten al ciudadano la comprensión de la factura eléctrica, afectada por la implantación de los nuevos tramos horarios. El Partido Popular cifra en 250.000 euros el importe necesario para acometer estas tareas.
El efecto en la cesta de la compra del descontrol en los precios del mercado mayorista de electricidad (pool en la jerga) sigue siendo el elefante en la habitación al que el Gobierno aún no ha puesto cifras. La cuestión afecta directamente a los consumidores, de ahí la insistencia de los 'populares' en que el departamento que dirige Garzón vuelque sus esfuerzos en calibrar el golpe que la histórica escalada en los costes de la energía está asestando a los precios finales de los alimentos.
A lo largo de la crisis eléctrica, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido quien ha llevado la voz cantante dentro del Ejecutivo, Por su parte, su homólogo en Consumo ha optado por mantener un perfil bajo. El dato adelantado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió el pasado 28 de octubre situó la tasa interanual del IPC en el 5,5%, lo que implica un aumento del 2% en solo un mes, así como la cifra más alta de las últimas tres décadas.
Fue a finales de octubre cuando el ministro de Consumo se refirió por última vez a la crisis eléctrica, y lo hizo con un mensaje tranquilizador sobre la eficacia del paquete de medidas impulsadas desde el ministerio energético para evitar que la subida en el mercado mayorista se traslade a las facturas de los españoles: "Lo estamos consiguiendo". Sobre el impacto concreto del descontrol del pool en la cesta de la compra, ni Garzón ni el resto de miembros del Ejecutivo han aportado cifras concretas.
Las grandes cadenas de distribución de nuestro país siguen manteniendo que las empresas del sector están absorbiendo este sobrecoste derivado del contexto energético para mantener la estabilidad de los precios en los supermercados. El escenario que describe la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es distinta pues, a finales de verano, difundió que el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas había aumentado un 1,5 % desde enero, alza que en algunas partidas, como los aceites y las grasas, llegaba al 20%. Sin cifras oficiales, la evolución de los precios se difumina bajo este fuego cruzado.
Mercadona, Dia, Lidl... las grandes cadenas de distribución presionaron a Bruselas con la subida de los precios de los alimentos para frenar la reforma energética del Gobierno
Lo cierto es que las grandes compañías de distribución se enzarzaron en una guerra de precios para ganar cuota de mercado durante el pasado ejercicio. Esto ha llevado a grandes compañías del sector a encarar la crisis eléctrica con poco margen de maniobra para subir los precios. Dado que, por su estructura, el negocio de distribución en España es altamente competitivo, en un escenario de precios bajos nadie quiere ser el primero en trasladar la subida de la luz al consumidor ante la amenaza de una fuga de clientes. No obstante, desde el sector ya han dado muestras de que la situación empieza a resultar insostenible.
Las grandes cadenas nacionales como Mercadona, Lidl o Dia y grupos regionales como AhorraMás, Gadis y Consum, presionaron a la Unión Europea para tumbar la reforma energética impulsada por Teresa Ribera, tal y como han confirmado fuentes conocedoras a La Información. Estas compañías, agrupadas bajo la organización empresarial de distribución alimentaria Aedas, enviaron varias cartas a la Comisión Europea (CE) advirtiendo de los efectos inmediatos que iba a provocar el 'plan de choque' eléctrico del Gobierno en los precios que pagan los consumidores. A priori, el reciente giro en la política energética de Ribera ha calmado las aguas.
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