Los 60 municipios agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), con cerca de 40.000 habitantes, van a llevar sus inquietudes y demandas por el apagón nuclear ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) esta semana. Lo hará una dirección renovada. La asociación ha elegido como nuevo presidente a Juan Pedro Sánchez (PP), alcalde de Yebra (Guadalajara) y a Alfons García (PSC), alcalde de Vandellós, como vicepresidente. La reunión prevista con el pleno del CSN intenta establecer unas relaciones que, hasta la salida del anterior presidente Fernando Marti (PP), eran "inexistentes", según precisan fuentes de la asociación.
El apagón nuclear está en marcha y los ayuntamientos afectados están inquietos. Temen, sobre todo, que se interrumpa el flujo de las ayudas que venían recibiendo en los últimos años. Y demandan una implicación real de las instituciones en los procesos de transición energética. Además del CSN, la nueva dirección de AMAC tiene previsto reunirse también con el presidente de la empresa pública Enresa, encargada de gestionar los desechos nucleares y que tiene pendiente la aprobación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Los municipios quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.
Renovables por nucleares
El Ejecutivo, ahora en funciones, ofreció una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones.
No todos los ayuntamientos cobran lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.
La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.
25 años de ayudas
Según recoge la norma "transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas", Industria constata que los municipios "aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su "escasa" aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.
El protocolo del apagón nuclear pactado entre las eléctricas y por las eléctricas con el Gobierno se establece que la central de Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. El acuerdo de nuevo calendario de cierres de plantas nucleares implicará llevar la edad media del parque nuclear entre los 46 y los 47 años de funcionamiento.
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