Martes, 23.07.2019 - 22:38 h
Ante la suspensión de su tramitación por el 28-A

PP y Ciudadanos condicionan un nuevo 'impuesto tech' al acuerdo internacional

Desde el partido de Albert Rivera confirman que no van a proponer una tasa de este tipo en su próximo programa electoral.

Congreso Diputados
Las Cortes Generales se disolverán, sin que el impuesto tech se haya podido aprobar / EFE

El 'impuesto tech' del Gobierno de Pedro Sánchez es una de las víctimas del adelanto electoral. La próxima disolución de las Cortes Generales dejará en suspenso su aprobación. En este contexto, PP y Ciudadanos han alertado hoy de que si no hay un consenso internacional suficiente en el continente europeo no la respaldarán ni la pondrán en marcha tras los próximos comicios en el mes de abril.

Ambos partidos han reiterado su rechazo a la forma en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha este impuesto a determinados servicios digitales. "Nos oponemos a la ley tal cual fue formulada porque, si bien es una buena idea se ha hecho de la peor manera posible", ha asegurado Jaime de Olano, del PP, durante unas jornadas organizadas por la patronal de las telecos Digitales. En este sentido, ha incidido en que las medidas "no van de la mano de la UE" y se aplicaría "unilateralmente rompiendo el mercado único y perjudicando a las pymes".

Tanto el PP como Ciudadanos han criticado la falta de consenso internacional en la tramitación de esta ley. Una falta de consenso que hace muy compleja la creación de un impuesto que implica a multinacionales con estructuras fiscales internacionales. "No aspiramos a que haya acuerdo por unanimidad, pero de ahí a querer avanzar sin el núcleo duro europeo y la ausencia de Alemania...", ha explicado Francisco de la Torre, portavoz de la Comisión de Hacienda por Ciudadanos en el Congreso.

De la Torre insiste en que el impuesto impulsado por el Ejecutivo actual tiene varios problemas "graves". Por un lado, la decisión de gravar el volumen de operaciones (y no los beneficios) acaba trasladándose a los clientes a través de un incremento de precios. Por otro, apunta a la dificultad para gravar la venta de datos. "Es gravar una cosa que está legalmente prohibida", ha apuntado.

Ante el hecho de que el adelanto electoral haga decaer esta propuesta de ley, Óscar Galeano (PSOE) advierte de que si no se toman medidas tributarias en este sector "nuestros estados se van a resentir". "El consenso político ahora no existe; igual de aquí a tres meses, sí", ha advertido, recordando que el propio Ciudadanos fue el impulsor de un impuesto de este tipo con el que sólo en el año 2018 el Ejecutivo de Rajoy pretendía recaudar 1.000 millones.

Un impuesto "muy complejo"

Más allá de las posiciones políticas, desde el lado de los expertos fiscalistas se mantienen las dudas sobre cómo poner en marcha un impuesto como este. "Es muy difícil de configurar un impuesto de estas características", ha explicado José Ignacio Box, socio vinculado al sector tributario en Deloitte.

Eduardo Gardeta, de Garrigues, ha recordado las dificultades que tendría la inspección para analizar estas actividades. En este sentido, alerta de que no hay un mecanismo de intercambio de información internacional con países de fuera de la Unión Europea, un aspecto clave para esta labor de inspección.

La financiación de RTVE

Telefónica, en el mismo encuentro, ha exigido este lunes el fin de la obligación de que los operadores de telecomunicaciones contribuyan a financiar a RTVE, que les ha supuesto en la última década un gasto conjunto de 1.200 millones de euros. Financiación que ha calificado como "discriminatoria, desproporcionado e injusta".

"¿Qué podríamos haber hecho con esos 1.200 millones si en vez de financiar a RTVE lo hubiéramos invertido en I+D+I?", ha planteado el responsable de la Asesoría Fiscal de Telefónica de España, Álvaro Rico. Cada año, los operadores concentran el 70% de las aportaciones recibidas por la corporación pública, ha añadido el directivo.

Con esta tasa, introducida con la Ley de financiación de RTVE de 2009 aprobada por el Gobierno para introducir un nuevo marco de financiación para entre público una vez que se renunciaba a los ingresos por publicidad, que pasaba a ser con aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y televisiones.

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