El descontrol de precios en el mercado europeo de luz y gas se ha cobrado las primeras víctimas colaterales. En cuestión de días, varias comercializadoras de energía británicas se han visto forzadas a salir del negocio, ante la grave situación financiera a la que les ha abocado la escalada de precios de la energía. El antecedente ha disparado las alarmas del Gobierno de coalición y, más concretamente, las del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, que ha empezado a monitorizar el impacto de la crisis eléctrica en las pequeñas comercializadoras españolas.
En el ministerio no se atreven a descartar ningún escenario futuro. Tampoco tomar medidas en el medio plazo si el mercado nacional empieza a experimentar síntomas similares a los que han expulsado del mercado a un puñado de las comercializadoras de luz y gas que operan en Reino Unido, según fuentes del entorno de la vicepresidenta cuarta consultadas por La Información. Por el momento, el departamento energético está a la espera de la evolución de la crisis eléctrica, sobre todo, después de aprobar la última reforma energética recogida en el ya bautizado como 'decreto Ribera'.
El impacto que ejerza en el negocio de comercialización este paquete de medidas urgentes, ideado para aplacar la continuada subida del precio de la luz, será determinante. En el peor escenario, el ministerio activará toda su maquinaria a través de un nuevo protocolo de actuación enfocado a auxiliar a estas empresas. En en el mejor de los casos, la cartera espera que el 'plan de choque' recién aprobado y de un calado histórico, sumado a la próxima subasta renovable, logren apaciguar la tormenta eléctrica lo suficiente como para calmar los peores temores de los pequeños grupos de comercialización.
La situación en Reino Unido es crítica. A lo largo de las dos últimas semanas de septiembre, al menos cuatro compañías han tenido que cesar su actividad, al no lograr equilibrar sus cuentas tras ver disparados sus costes. La lista de bajas incluye a MoneyPlus, People’s Energy, PfP y Utility Point. En suma, todas ellas daban servicio a más de 660.000 clientes. Algunas de estas empresas terminaron 2020 con ambiciosos planes de crecimiento alentadas por los buenos resultados obtenidos, aún en plena pandemia.
El sistema británico establece que, cuando una comercializadora deja de dar servicio, el Estado se hace cargo de sus clientes y es el propio Gobierno el que se encarga de coordinar un proceso competitivo donde otras compañías pujan por los usuarios que han quedado en un limbo energético. En estas subastas los gigantes del sector suelen imponerse y acaban engrosando su lista de clientes. El negocio energético británico, al igual que el español, está muy concentrado: seis grandes firmas concentran alrededor del 70% de mercado eléctrico y un porcentaje similar del gasista.
Scottish Power, la filial británica de Iberdrola, forma parte de ese grupo de colosos conocido como 'Big six'. En 2018, cuando el mercado mayorista europeo de electricidad experimentó otro periodo de subidas prolongadas, la filial de la energética que preside Ignacio Sánchez Galán, asumió alrededor de 130.000 clientes al calor de la ola de quiebras de comercializadoras más pequeñas que habían experimentado un acelerado crecimiento impulsado por sus precios agresivos. También entonces, la ola de quiebras de operadores británicos de menor tamaño fue entendido por las autoridades españolas como un aviso a navegantes.
En nuestro país, la imparable escalada de los precios de luz y gas ya ha disparado los impagos entre este tipo de comercializadoras, conocidas como 'independientes', cuyo negocio está mucho más expuesto a los altibajos del mercado mayorista que el de los gigantes del sector. De hecho, hace apenas un mes, Red Eléctrica (REE) empezó a alertar del aumento de la morosidad por parte de algunas pequeñas comercializadoras que, dada su tradicional diligencia en los pagos, no formaban parte de su lista de sospechosas habituales, como adelantó este medio.
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