Hace tiempo que las mascarillas se han convertido en una cuestión de Estado, pero hasta esta semana el intervencionismo del Gobierno se había limitado a la importación de material sanitario de todo tipo y su posterior distribución entre hospitales, personal esencial y comunidades autónomas. Pero la fijación de un precio máximo de venta al público de 0,96 euros por unidad aprobada este jueves acaba de encontrar la oposición frontal de las farmacias, que critican que la medida les obliga a asumir el sobrecoste que pagan a los distribuidores, a los que en ocasiones abonan el doble de ese tope. La situación es tan tensa que incluso alguna asociación ha decidido levantarse en pie de guerra contra la medida de Pedro Sánchez. Es el caso de la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma), que se plantea incluso llevar la medida ante el Tribunal Constitucional.
Cristóbal López de la Manzanara Cano, presidente de Adefarma, explica a 'La Información' que el malestar es patente en el sector. Por eso, su asociación, que representa a más del 60% de las farmacias de la Comunidad de Madrid, busca la fórmula legal para tumbar una medida "que vulnera derechos fundamentales". En concreto, se refiere al artículo 38 de la Constitución, que reza: "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación".
"No nos pueden obligar a fijar un precio máximo, cuando nosotros estamos comprando mascarillas por encima de 1,40 euros", apunta López de la Manzanara. A pesar de tratarse de una medida coyuntural causada por la crisis del coronavirus, la asociación considera que este intervencionismo del mercado puede acarrear un sobrecoste que las farmacias no pueden asumir, especialmente porque ya están "perdiendo de media 1.000 euros" por la adaptación de los espacios de venta a las estrictas normas sanitarias vigentes durante el estado de alarma.
Por eso, y como base argumental para una hipotética acción legal posterior, desde Adefarma se está pidiendo a todos los farmacéuticos que guarden los albaranes de los pedidos de mascarillas realizados, "que demuestran ese sobrecoste obligado". Por su parte, fuentes jurídicas consultadas por este diario admiten que, basándose en el artículo 38 de la Carta Magna, "tendría encaje" la presentación de un recurso de amparo por parte de los farmacéuticos.
Mascarillas más para las farmacias
En cualquier caso, y a la espera de concretarse cualquier acción legal contra la medida del Gobierno, López de la Manzanara explica que el problema es que ante la indisposición de sus proveedores habituales, las farmacias se están viendo obligadas a recurrir a "proveedores atípicos". Entre ellos, los que más están encareciendo sus precios son los que antes suministraban material sanitario exclusivamente a hospitales, clínicas o centros sanitarios, según Adefarma, que resume la situación de la siguiente manera: "Nosotros no hemos tenido demanda de mascarillas en la vida y ahora nos obligan a venderlas perdiendo dinero".
En este sentido, López de la Manzanara advierte de que la fijación de un precio máximo para las mascarillas puede derivar en un escenario de auténtico desabastecimiento. "¿Quién compraría un producto que solo puede vender a la mitad de ese precio?", se pregunta retóricamente. Algo similar a lo que sucede en el lado opuesto de la cadena de producción: esta misma semana, el Consejo Intertextil Español señalaba que la decisión del Gobierno de fijar el precio de venta de las mascarillas a 0,96 euros "perjudica seriamente a los fabricantes españoles" y provocará "una economía sumergida con precios desorbitados en el mercado negro".
Pero es que la medida tampoco parece satisfacer al consumidor final. En febrero, las mascarillas quirúrgicas a las que afecta la medida costaban aproximadamente 0,05 euros la unidad. Ahora, el precio de venta es 20 veces más caro. Algo que reconocen desde Adefarma, que lo achaca a la escasez del género en las últimas semanas y a una inflación sin control en los puntos intermedios de la cadena. En su opinión, solo hay un beneficiario de la complicada situación del abastecimiento de las mascarillas: los proveedores.
El decreto de este jueves explica que los anteriores importes máximos son unitarios, y son precios finales con el IVA (es decir, menor ingreso para el farmacéutico) o, en su caso, el IGIC correspondientes. La medida es temporal y los precios quedan sujetos a futuras revisiones por esta Comisión, atendiendo a la evolución de los precios de mercado.
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