Se puede elegir entre la fábula de Pedro y el lobo y la del cántaro que iba mucho a la fuente. Y se puede resumir en tres palabras: se veía venir. Desde hace dos años, la industria electrointensiva -Alcoa, Cemex, Arcelor-, las grandes empresas consumidoras de energía y la industria del automóvil, venían advirtiendo de que la ralentización económica, los elevados precios de la energía y la desaparición del sistema de subvenciones tradicional podía acabar en cierres y despidos. La pandemia ha agravado la situación hasta poner en riesgo la continuidad de parte de esa industria electrointensiva. Está en juego una facturación anual de 107.000 millones de euros, 220.000 puestos de trabajo y un 12% del PIB, según datos de la Secretaría General de Industria.
El punto clave es un esquema de ayudas agotado -las subastas de interrumpibilidad- que iba a ser sustituido por otro más presentable -el Estatuto del Consumidor Electrointensivo-, pero que no acaba de arrancar. Donde se llegaron a repartir 585 millones anuales a la gran industria, en diciembre pasado se repartieron cinco. En teoría, habría otros 300 millones vía nuevo Estatuto. El problema es que ni hay Estatuto, ni dinero, ni está claro cuándo se va a convocar una nueva subasta de interrumpibilidad para la segunda mitad del año.
Para empresas como Alcoa, las ayudas son un asunto crucial. Alcoa forma parte del núcleo duro del consumo eléctrico industrial junto a Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc, Celsa, Acerinox y Ercros. Sólo la factoría de Alcoa de San Cibrao -Lugo- supone el 1,5% del consumo energético nacional, lo que la convierte en el mayor cliente del país.
Desplome del consumo
Los datos de consumo eléctrico de Red Eléctrica de España (REE) correspondientes a abril reflejan la debacle. Caída del 25% en el consumo de la industria, que llega al 75% en la industria del automóvil. Pero la cosa venía de atrás. En 2019, según los datos de seguimiento del gestor del sistema eléctrico, el indicador global de consumo cayó un 4,6%. Pero en la industria, la caída interanual alcanzó el 9,2%. REE concluyó que fue "el mayor retroceso interanual desde que se viene elaborando este indicador en el año 2010". Un frenazo de la demanda que en la metalurgia llegó al 13,2%, en la automoción al 10,5% y en el refino al 17,5%.
Los números y porcentajes confirmaban los anuncios que se venían produciendo por parte de empresas y organizaciones desde un año antes. En 2018, Alcoa anunció el cierre de dos de sus tres fábricas en España -Avilés y La Coruña-, argumentando los altos precios energéticos; Cemex adelantó la clausura de fábricas en Almería y Baleares por la regulación europea del CO2 y Arcelor paralizaba una línea de galvanizado en Asturias. En el sector del automóvil, Ford eludió confirmar la continuidad de su fábrica en Almussafes. Desde entonces, todo ha empeorado.
El tapón regulatorio ha agravado la crisis. Dos de las asociaciones que agrupan a grandes consumidores de energía, Gas Industrial y AEGE, han subrayado durante meses la misma idea: la indefinición regulatoria, con el prometido Estatuto del Consumidor Electrointensivo aún por arrancar y con los peajes del gas prorrogados complican calcular el gasto en la factura energética. Imposible planificar.
Una dureza poco habitual
El malestar se ha traducido en comunicados públicos de dureza poco habitual, quejas en público y en privado y peticiones reiteradas de audiencia a los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica. La gran industria y las mayores empresas consumidoras de energía están en pie de guerra .Todas esgrimen el fantasma de la deslocalización.El director general de la asociación, Fernando Soto, describió la situación de "shock en la industria".
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, de la que forman parte siete grandes organizaciones industriales -automóviles, papel, química, alimentación, cemento, refino y siderurgia- ha llegado a dar un paso más. Demanda medidas de apoyo que, en buena medida, necesitan el visto bueno de Bruselas. Y dirige la mirada a la vicepresidenta económica Nadia Calviño. El interlocutor natural de las grandes compañías industriales es el Ministerio de Industria de Reyes Maroto. Pero el director general de Unesid, Andrés Barceló, ha sido muy claro al respecto: "Tener dos valedores ayuda más que tener uno".
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