Las batallas más intensas en el mundo de los negocios se libran en los despachos, lejos de los focos. Pero siempre hay resquicios por los que se cuelan datos que revelan hasta dónde llega la pelea. Por uno de esos resquicios, el Observatorio Corporativo Europeo obtuvo de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, el departamento responsable de gas, el número de reuniones del departamento con el lobby que defiende la utlización del llamado "gas natural renovable" (biogás): 16 encuentros entre 2017 y 2018.
La intensa actividad de lobby gasista forma parte de una ofensiva que también se da en España. El negocio del gas está amenazado. La transición energética cuestiona el uso de combustibles fósiles a largo plazo -el gas natural lo es-y las empresas, tanto las que venden gas como las que construyen infraestructuras relacionadas con su transporte y distribución, intentan encontrar un hueco para mantener la actividad en el camino hacia una economía descarbonizada.
Según fuentes del sector, la intensa actividad en Bruselas se debe solo a que se está trabajando en la segunda directiva de energía renovable de Europa, la llamada RED 2, en la que se prevé pueda haber marco legal para el desarrollo de gas renovable.
Recurso inagotable
Las empresas del sector, apoyadas por las compañías que operan los sistemas gasistas (tubos, regasificadoras...) trabajan para convencer a la Comisión Europea -y a los Gobiernos- de que son capaces de generar un gas que es "inagotable, con emisión neutra de CO2, totalmente intercambiable por el gas natural, e inyectable a la infraestructura de distribución gasista".
Es el biogás, un combustible que se origina a partir de desechos biológicos como residuos agrícolas (paja, estiércol), cultivos energéticos, lodos de aguas residuales o residuos orgánicos domésticos e industriales. Según la industria, puede complementar e incluso sustituir al gas natural, así como utilizar sus infraestructuras.
Pero no es tan fácil. Para organizaciones como el Observatorio Corporativo Europeo, el biogás sólo es un intento de la industria gasista tradicional para confundir y "teñir de verde" al primo mayor, el gas natural, fósil y contaminante. Según sus previsiones, el biogás "nunca sustituirá el uso actual de gas fósil" y sólo satisfará el 7% de la demanda actual de gas para 2050.
Más actividad desde 2017
El análisis de los críticos muestra un negocio condenado a largo plazo. De ahí la intensa actividad desplegada por la industria en Bruselas, especialmente desde 2017. Ese año se creó la asociación Gas por el Clima (G4C). Su propuesta: convencer a la UE de que el gas y el biogás son fundamentales para alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050.
El G4C reúne a constructores y operadores de gasoductos -Enagás (España), Fluxys (Bélgica), Gasunie (Países Bajos), GRTgaz (Francia), Open Grid Europa (Alemania), Snam (Italia) y Teréga (Francia); y dos asociaciones de la industria del biogás, la Asociación de Biogás y Consorzio Italiano. G4C ha contratado al consultor ambiental Ecofys para defender sus tesis.
En España, el trabajo de promoción del biogás corre a cuenta de la Asociación Española de Biogás (AEBIG). Entre sus socios figuran Naturgy, Nedgia (la distribuidora de gas del grupo) y Enagás, operadora del sistema gasista, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un 5%. Uno de los objetivos de la asociación es potenciar la red de gas como receptora de energía renovable (biogás).
Un momento crucial
Para las empresas relacionadas con el negocio del gas es un momento crucial. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, provocó escalofríos en el Congreso en julio pasado cuando explicó que considera el gas natural como una energía de transición necesaria en el corto plazo, pero con fecha de caducidad.
Ribera llegó a reclamar "cautela" frente a los "delirios" de quienes creen que una energía de transición puede extenderse "ad infinitum", lo que lleva a posibles excesos "tanto en la generación [de electricidad] como en infraestructuras". Un recado especialmente claro para Repsol y Naturgy, cuyos planes pivotan en torno al uso del gas como respaldo a las renovables.
El "recado" de la ministra de Transición Ecológica fue una carga de profundidad a la política de su predecesor en el cargo Álvaro Nadal (PP) que en marzo de 2018 levantó la mano a la congelación de nuevas obras gasistas decretada en 2012, sin informe de la CNMC y sin estimación de coste para los usuarios.
La pelea de las empresas gasistas sigue. Se juegan la cuenta de resultados. El ambiente no es favorable al negocio. Un ejemplo es lo sucedido con el proyecto de regasificadora de Enagás en el Sur de Tenerife (Granadilla). La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha desaconsejado dos veces la construcción por las dudas sobre la rentabilidad del proyecto. El "gas renovable" es la opción elegida para enderezar el rumbo.
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