Cristóbal Montoro ha aprovechado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para acabar de un plumazo con la disfunción regulatoria en la que se movía la SEPI y arrogarse de paso todo el poder para designar a la cúpula directiva del hólding empresarial público, así como para fijar sus condiciones laborales, básicamente sus salarios. Lo ha hecho mediante una disposición que modifica el literal de la Ley de 1996 que regula el funcionamiento de la SEPI y que reservaba "al ministro de Industria y Energía", carteras ahora escindidas y dependientes por una parte del Ministerio de Economía (política industrial) y por otra del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, la potestad de proponer al Gobierno tanto el nombramiento de la cúpula directiva del hólding público como la fijación de sus retribuciones.
El asunto constituía una disfunción legal por cuanto el Grupo SEPI depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda desde hace un puñado de años por cuanto la actual presidenta del hólding, Pilar Platero, fue ya nombrada en su día con el respaldo explícito del ministro de Hacienda. La costumbre, sin embargo, no constituye en este caso ley y lo que dice esta a día de hoy, y hasta que el proyecto de Presupuestos se apruebe si llega el caso, es que la potestad legal de los nombramientos corresponde a Álvaro Nadal y Román Escolano, los titulares de los Ministerios de Energía y Economía, según se recoge en la referencia sobre normativa específica aplicable a la SEPI que figura en su web.
De hecho, el único texto legal en el que se contempla la atribución al Ministerio de Hacienda de la potestad para designar al presidente de la SEPI es el Real Decreto del 28 de julio del año pasado que desarrolla la estructura básica del Ministerio de Hacienda, en un técnica legal de dudoso recorrido que el Gobierno ahora pretende resolver.
El texto que se incluye en el proyecto de Presupuestos del Estado de 2018 aclara que será el ministro de Hacienda el encargado de proponer y someter al Consejo de Ministros los nombres de los futuros presidentes o vicepresidentes de la SEPI y que, además, le corresponderá la fijación de la retribución por todos los conceptos de estos altos cargos, que según la redacción actual de la ley era fijada por Hacienda, sí, pero tras la propuesta específica de los ministros de Energía e Industria.
Sólo un vicepresidente y 14 consejeros como máximo
Hacienda ha aprovechado también para aclarar otras reglas de funcionamiento de la SEPI que se hacían de un modo en la realidad y se establecían de un modo bien diferente en la ley. Según la normativa reguladora actual del hólding público, el Consejo de Administración del Grupo SEPI debe estar formado por un presidente y un máximo de 15 consejeros, de entre los cuales dos podrán tener el carácter de vicepresidentes de la sociedad.
La reforma legal incluida en el proyecto presupuestario reserva al presidente y al vicepresidente la condición de altos cargos y atribuye al vicepresidente la capacidad de relevar al presidente en los casos en que éste (o esta) no puede ejercer su función. Además, limita a 14 el número máximo de consejeros que podrá haber en el Consejo de Administración, todos ellos a designar por el ministro de Hacienda.
El Grupo SEPI abarca 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria por el Estado, con una plantilla final de cerca de 73.000 personas; y también participa como accionista de la Corporación RTVE, tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades.
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